Aramburuzabala gana en tribunales a los López-Dóriga

Ciudad de México.- La Inmobiliaria Abilia,
propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso
de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito
Federal para concluir los 122 departamentos que construye en la calle
Rubén Darío número 225 de Polanco.
Aramburuzabala denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del
periodista Joaquín López-Dóriga, por extorsión. El diario Reforma publicó
el 21 de agosto que la esposa del conductor estelar de Televisa exigió a
través de su abogado 5 millones de dólares para no parar la obra.
Por ello, la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó una denuncia
ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3
S/D/00427/08-2015,en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez,
vecinas de Pérez Romo, e incluyó a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba
y Érika Mendoza Bergmans.
El diario capitalino difundió en ese entonces un video que forma parte de la
denuncia y que fue grabado el pasado 16 de junio en las instalaciones de la
inmobilaria, en el que se observa al abogado Becerra solicitar el dinero a
nombre de Adriana Pérez Romo.
Aramburuzabala, considerada por Forbes como la mujer más
rica de México, dijo en una posterior entrevista con el mismo medio que
Joaquín López-Dóriga la amenazó con destruirla luego de que la empresaria
denunciara a la esposa del periodista.
?Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este
asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales
[…] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me
amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los
medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito
porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos
están haciendo?, dijo Aramburuzabala a Reforma.
La misma información refiere que en junio del presente año, el Gobierno
del DF clausuró la obra y promovió un juicio de lesividad para revocar los
permisos que había otorgado, como uso de suelo o el dictamen de impacto
urbano. La empresaria reclamó que el juicio de lesividad estaba vinculado
a la presión de Pérez Romo.
Sin embargo, el Tribunal dijo que la clausura era ilegal y otorgó la razón a
Aramburuzabala. Ante tal decisión, esta semana el Instituto de
Verificación Administrativa (Invea) deberá levantar los sellos de clausura en
el desarrollo inmobiliario.
TJ