México.- Como se tenía previsto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la primera parte del Plan B electoral, aprobado en el Congreso de la Unión, al considerar que se cometieron varias irregularidades y que no se cumplió con el procedimiento legislativo en forma, además de que consideraron que no se tomó en cuenta la opinión de minorías, como los pueblos indígenas.
Con nueve votos a favor, los ministros del Máximo Tribunal del país, aprobaron la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Los ministros que apoyaron dicha acción fueron Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Además, el ponente Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
También Javier Laynez Potisek y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández; en tanto, votaron en contra del proyecto las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Una de las opiniones que resaltó fue la de Arturo Zaldívar, ex ministro presidente de la SCJN, quien consideró que el hecho de que no se diera el tiempo suficiente para que todos los legisladores puedan analizar y discutir en plenitud y con fondo las reformas, confirmó la violación del correcto procedimiento legislativo
En el análisis de este caso particular, Zaldívar Lelo de Larrea señaló que la premura del Congreso generó una especie de efecto corruptor que lo llevaron a votar por la “invalidez total de este decreto y en el sentido del proyecto”, pero con un voto concurrente.
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Rechazo del Poder Ejecutivo
Horas antes de que se tomara esta decisión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, emitió su postura contra la Corte, a quien criticó de tomarse atribuciones que no le corresponden.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, sostiene en un comunicado.
