Alertan en Senado que control corporativo contra profesionistas frenaría movilidad social

Ciudad de México.- La creación de una ley general del ejercicio profesional sujeto a
colegiación y certificación obligatorias conlleva el riesgo de provocar
corporativismo y el sindicalismo de los profesionistas del país,
advirtió Vicente Corta Fernández.
Ese marco legal también podría aumentar la burocracia y frenar la
movilidad social, advirtió el experto en Derecho y socio del despacho
White & Case México.
Luego de reunirse con el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García, dijo que la
iniciativa que expediría dicha legislación tiene como objetivo un
control corporativo contra los profesionistas.
Entrevistado en el Senado detalló que el peligro es crear un
corporativismo o cientos de ?sindicatos de profesionistas? que serían
evaluados con discrecionalidad y que tendrían que pagar cuotas de
inscripción y anuales para ejercer su trabajo, lo que viola la
Constitución.
?Habrá colegios o especies de sindicatos de abogados, médicos,
contadores o periodistas, que pretenden certificar la calidad de su
preparación, cuando para eso están las universidades, los grados
académicos?, expuso.
El también ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar) dijo que lo que se plantea en la
iniciativa es un control ético y profesional, que cuente con mínimo de
calidad, pero al final se crearán agrupaciones que solo velarán por
quienes paguen cuotas, independientemente de su preparación o ética.
?Los colegios de profesionistas en otros países como Venezuela,
Argentina y Costa Rica sólo han servido para el control gubernamental
sobre abogados, médicos, periodistas. No tienen la capacidad para
realizar exámenes de control profesional, eso les corresponden a las
universidades o las instancias oficiales del sector educativo del país?,
indicó.
Vicente Corta indicó que además se violarían los derechos humanos de
los profesionistas que no se quieran agremiar y en el fondo se trata
también de un tema económico, porque tan solo crear un colegio de
abogados en el país representaría para sus líderes cuotas de entre dos
mil millones y cuatro mil millones de pesos al año.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere un debate
abierto y pausado en el cual participen especialistas y profesionistas
de todas las ramas, porque las consecuencias de su aprobación serían muy
graves para el sector educativo y la movilidad social en el país.