?Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) consideró que las autoridades mexicanas
deben hacer más para proteger a los miles de hombres, mujeres y niños
migrantes que arriesgan sus vidas en su paso por territorio nacional,
muchos de los cuales son víctimas de violaciones a sus derechos humanos,
otros son asesinados y pocos de los responsables son consignados ante
las autoridades.
“Nuestro mensaje a las Naciones Unidas y las autoridades de México será
clara: queda mucho por hacer y de manera rápida, para proteger a los
migrantes en México”, sostuvo Rupert Knox, investigador del organismo
internacional.
En un comunicado, Amnistía Internacional dio a conocer que informará a
los miembros del Comité de la ONU para la Protección de los Trabajadores
Migrantes sobre los abusos de derechos humanos que sufren en México
centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos.
Precisó que la información se proporcionará durante una reunión que se
realizará los próximos 4 y 5 de abril en Ginebra, Suiza, en la que
representantes de Amnistía Internacional darán datos y resultados de
estudios de casos para ilustrar los abusos que sufren cada año miles de
migrantes centroamericanos en México.
La información contribuirá a las consideraciones realizadas por el
Comité sobre el cumplimiento de la Convención de la Naciones Unidas
sobre Trabajadores Migrantes por parte del gobierno mexicano.
Amnistía Internacional insistió en que cada año miles de migrantes, principalmente de América Central son secuestrados, las mujeres violadas y, a veces las y los migrantes son asesinados en México por bandas criminales que actúan a menudo en coalición con funcionarios públicos. Muy pocos de los
responsables rinden cuentas ante la justicia, dejando a los migrantes
vulnerables a nuevos ataques.
La delegación de AI estará integrada por Rupert Knox; Sarah Shebbeare, Coordinadora de Campañas para México y Francesca Pizzutelli, Investigadora en Derechos de los Migrantes.
Estarán acompañados por el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien es activista de derechos humanos y dirige un albergue para migrantes en el
estado de Oaxaca. “Debido a su trabajo, el padre Solalinde ha sido
continuamente amenazado e intimidado por las bandas locales y
funcionarios mexicanos”.
