?Ciudad de México.- Amnistía Internacional manifestó que espera que las autoridades mexicanas
cumplan de manera expedita con la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sobre el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera García y
Rodolfo Montiel Flores.
El organismo sostuvo además que la violaciones a los derechos humanos deben
ser investigadas por autoridades civiles.
Subrayó que las autoridades están obligadas a investigar las alegaciones de
tortura y otros abusos, a hacer justicia y a reparar el daño ocasionado a las
víctimas.
AI recordó que el lunes, la COIDH volvió a exigir que las autoridades
mexicanas eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a las
garantías individuales.
“El organismo reiteró su pedido al pronunciar su sentencia en el caso de los
ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, quienes fueron
detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes
por miembros del Ejército en 1999”.
Amnistía refirió que es la quinta sentencia condenatoria contra el Estado
mexicano por parte de la Corte Interamericana en los últimos 12 meses.
Pese a ello, agregó, las autoridades han implementado muy pocas de las
obligaciones establecidas en las sentencias.
“Cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos
humanos cometidas por miembros del Ejército”, destacó.
En las cuatro sentencias, añadió AI, la COIDH reitera la obligación del
Estado mexicano de eliminar la jurisdicción militar para este tipo de delitos.
Coincidió con la Corte, sobre que la propuesta de reforma presentada
recientemente por el presidente Felipe Calderón no cumple con esta obligación y,
por lo tanto, instó al Congreso a revisar esta propuesta y convertirla en ley.
Caso campesinos ecologistas
El 2 de mayo de 1999, soldados del Ejército detuvieron a los campesinos
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en la comunidad de Pizotla, municipio de
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Ambos eran activistas que denunciaban la tala de árboles y defendían los
bosques de la región.
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel permanecieron bajo custodia militar durante
dos días antes de ser presentados ante un juez local.
Posteriormente, fueron condenados por portación de armas prohibidas y cultivo
de amapola y mariguana.
Amnistía Internacional adoptó a ambos ecologistas como presos de conciencia
en 2000.
Posteriormente sus sentencias fueron conmutadas por prisión domiciliaria
debido a razones de salud.
