Chiapas.-
Margarita Martínez, activista que fue amenazada de muerte
en los últimos años, abandonó Chiapas con su familia para “garantizar
la vida, la integridad y su seguridad”, informó el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En un comunicado, el organismo explicó que Martínez, que laboraba en la
oficina Enlace Comunicación AC, con sede en Comitán, “ha decidido dejar
temporalmente el estado de Chiapas ya que el riesgo que corre su vida es alto”.
En meses pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
pidió al Estado mexicano aplicar medidas cautelares para proteger la
vida de Margarita Martínez.
Sin embargo, al paso de los días, las autoridades mexicanas han sido incapaces de proteger la vida de la activista, dijo.
La más reciente amenaza de muerte en contra de Margarita Martínez
ocurrió el pasado 30 de junio, cuando se preparaba para participar en el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW), en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
En su domicilio en San Cristóbal, Chiapas, Martínez encontró un papel
donde le pedían que dejara de buscar a los policías y funcionarios
públicos, que realizaron una redada en noviembre del 2009, en Comitán,
como parte de operativos que mantenía el Ejército y corporaciones
policíacas contra la delincuencia organizada.
Tres años después del operativo, la persecución y las amenazas de
muerte, el Estado no ha “logrado inhibir las amenazas ni reducir el
riesgo, por lo que ella y su familia han decido abandonar esta entidad”,
informaron el Frayba, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de
Chiapas, Consorcio Para el Diálogo de Oaxaca, Fortaleciendo el Poder
Colectivo de las Mujeres y Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Incluso Amnistía Internacional (AI), ha documentado el caso y ha pedido a las autoridades mexicanas que la protejan.
Sin embargo, los organismos de derechos humanos dicen que el operativo
en la casa de Margarita Martínez, que se encontraba con su esposo Adolfo
Guzmán Ordaz y sus hijos, fue parte de “un acto de represalia por el
trabajo que realiza apoyando a comunidades indígenas locales en esa
región”.
En febrero del 2010, la activista fue secuestrada temporalmente, por seguir el caso de los policías que allanaron su casa.
A partir de ese momento, Martínez, su esposo y sus hijos se mudaron de Comitán a San Cristóbal.
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