Abren vía a represión militar de movimientos sociales

?Ciudad de México.- El proyecto de dictamen de los
grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre
reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el
Presidente de la República solicite y declare la intervención de las
fuerzas armadas en contra de movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando considere que constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior.
El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada
ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir
comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de
espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia
organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter
político.
Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general
Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas
armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las
pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información
con cualquier herramienta que resulte necesaria, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.
Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan
contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de
inteligencia y contrainteligencia, puedan hacer uso de cualquier
método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los
derechos humanos y las garantías para su protección.
También, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un
artículo quinto transitorio para definir que, si en un periodo de 90
días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de
las entidades con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la
declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.
El proyecto de dictamen ?a revisión por un grupo de trabajo de cinco
comisiones de la Cámara? incluyó cuatro definiciones sobre los riesgos a
la seguridad interior.
Entre éstas destaca el concepto de desafío, como el obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano, y el de amenaza, como el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano.
Con ese contexto, se pretende añadir a la minuta dos excepciones
sobre la actuación de las fuerzas armadas en el libre tránsito de
personas, mercancías y movimientos sociales o políticos, e incluso
conflictos laborales.
Así, el artículo 74, fracción VII, en su párrafo segundo, establece:
No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior
cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a
requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o
del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con
movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole
social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan
un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
El mismo caso se aplica en un nuevo párrafo al artículo 82, que señala:
La circulación de efectos, bienes o mercancías no podrá ser objeto
de restricciones o prohibiciones, salvo cuando exista una declaratoria
de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar
desafíos o amenazas.
Los legisladores que presentaron el proyecto definen la
seguridad interior como ?el estatus de tranquilidad y paz social en el
que las personas, sus derechos y bienes jurídicos tutelados por la
Constitución y las leyes se encuentran protegidos debido a las acciones
que despliega el poder público? lo que permite brindar a la población
certeza en que el desarrollo de su vida gregaria habrá de darse en
condiciones de tranquilidad, porque las instancias civiles y militares
se encuentran alertas para detectar, identificar, desactivar o combatir
los peligros que pudieran afectarla?.
Aun así, advierte que la seguridad nacional debe ser asumida como
responsabilidad de todos y en ese sentido se establece la obligación de
los habitantes del país de colaborar en su preservación y prevención, por lo que introduce el concepto de prevención social para que la sociedad se vea obligada a colaborar en las investigaciones judiciales y militares, y respetar los valores y las instituciones.
Nuevos poderes al Cisen
El citado proyecto incluye un capítulo para fortalecer
las facultades del Cisen que ?se plantea en la exposición de motivos?
actúa en un marco legal que fue superado rápidamente o, dicho de otra
manera, la ley privilegió la regulación del centro y no la integralidad
de la función de seguridad nacional.
Los legisladores plantean que debe erradicarse la idea de que en México los servicios de inteligencia constituyen una labor de espionaje e intromisión a la vida privada de las personas, pero que, si ello llega a ocurrir, es un delito que debe sancionarse.
Ejemplos comunes
Por el contrario, añade, la inteligencia es una tarea
especializada que consiste en obtener información por medios lícitos
cuya sistematización, análisis y valoración puede alertar sobre posibles
peligros a la sociedad, desde la existencia de un fenómeno
meteorológico, un incendio interno o transfronterizo fuera de control,
una enfermedad que afecta organismos vegetales, animales o a las
personas; un desastre nuclear como el que se está viviendo (en Japón),
hasta la agresión de grupos terroristas, una emergencia alimentaria o
una crisis económica de graves consecuencias, por señalar ejemplos
comunes.
En ese sentido, se incluye un artículo, el 19 ?que tampoco formaba
parte de la minuta del Senado?, para ampliar la influencia del Cisen.
Entre las nuevas facultades que se le otorgarían están el preparar
estudios de carácter político, económico, social y demás que se
relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios
para alertar sobre obstáculos a la seguridad interior.
También, proponer medidas de prevención, disuasión, contención y
desactivación de obstáculos que pretendan vulnerar el territorio, la
soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o
el estado de derecho.
Además, brindar asesoría y prestar servicios en materia de control
de confiabilidad a las instancias y a otras instituciones y autoridades
del Estado mexicano, y asimismo hacer uso de información anónima y de colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia.
La modificación considera que la información recabada por el Cisen,
el Ejército Mexicano y la Marina en tareas de espionaje deberán
clasificarse como reservadas.