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México. Meses atrás el nombre de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga acapararon los titulares, luego de ser señalados de un desvío millonario. Sería un caso de corrupción millonario, por más de dos mil millones de pesos.
Y en medio del proceso legal, las autoridades emitieron diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la de la famosa conductora, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga; mismas que no se han cumplimentado.
Entre los avances, este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el modus operandi de la pareja y otras personas para dicho desvío millonario.
Las autoridades revelaron el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas con el que diversos exfuncionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío millonario.
Fue desde noviembre del 2019, según la Fiscalía, que se iniciaron las investigaciones por este caso; en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio, Rosario, Margarita, Ricardo y Mauricio.
Además en contra de siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos. (…) Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, explica la Fiscalía.
La dependencia señala que Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, eran quienes estaban a cargo; y ellos trabajaban con supuestos representantes de empresas.
“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor, Armando, José, Ricardo, Yareli, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales. El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo, Paulo, Emanuel, Jesús, y Jorge”.
