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México.- Luego de que el consejo general del Instituto Nacional Electoral acordara hacer una solicitud de mil 738 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, funcionarios del Gobierno Federal se adelantaron y acaban de presentar un plan de austeridad.
Con esta propuesta, la cual, mencionan es respetuosa y no están obligados a cumplir, se pretende que se aplique lo que se ha hecho en la administración pública, y, la Función Pública y Hacienda aseguran que si los consejeros “se aprietan el cinturón” en los sueldos, fondos y fideicomisos, así como el gasto corriente, podría haber un ahorro de 2 mil 972 millones de pesos.
De manera detallada, los representantes del Gabinete de AMLO presentaron dicha estrategia, la cual ya había sido anunciada por el mandatario nacional en días pasados.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que, se esperará a que la propuesta del órgano electoral sea presentada de manera formal ante la dependencia para su análisis, sin embargo, dejó claro que no hay margen, dentro del Presupuesto de Egreso de la Federación de 2022, para recursos extraordinarios a los órganos autónomos, además de que no se tiene antecedentes de que eso haya pasado en otros tiempos.
“El presupuesto público de la federación está muy comprometido hay que garantizar programas sociales, el gasto en salud, el gasto en educación, y también que hemos analizado este equipo de trabajo que no hay precedente en la historia de los órganos públicos que se le haya entregado ampliación presupuestal a los órganos autónomos (…) que lo revise y en todo caso pudiera aplicar las medidas de austeridad, sin embargo, nosotros vamos a esperar”, indicó.
El titular de la Segob añadió que, tampoco se ve la posibilidad de que el dinero que piden los consejeros salga del “Instituto para Robarle al Pueblo lo Robado”, pues no hay manera de que eso suceda.
También, los miembros del gabinete, detallaron que la austeridad del instituto encargado de las elecciones en el país, podría aplicarse en los gastos de telefonía celular, combustible, arrendamiento de vehículos, viáticos, bienes informáticos, papelería, congresos y equipos de cómputo.
