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ONU condena asesinato de Aranza Ramos, la 'madre buscadora'; pide al gobierno investigar el crimen

La ONU-DH recuerda a las autoridades la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda de acuerdo al deber de protección del Estado.
lunes, 19 de julio de 2021 · 15:26

México.- Este lunes, La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades mexicanas para investigar de manera exhaustiva el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola, incluyendo en esta la relación del crimen con su labor de búsqueda, así como garantizar la incorporación efectiva de la perspectiva de género.

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Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, aseguró que las autoridades deben también brindar atención integral y condiciones de seguridad a la familia de Ramos Gurrola, especialmente a su hija.

"La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato de la señora Gladys Aranza Ramos Gurrola, ocurrido el pasado jueves, en Ortiz, Sonora", dice el comunicado.

También indica que, ante el panorama de desapariciones de nuestro país, “las instituciones del Estado deben ser quienes lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”.

Aranza Ramos, buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 diciembre de 2020, la noche del 15 de julio fue privada de su libertad por personas armadas que llegaron a su domicilio, siendo posteriormente asesinada. Participaba activamente en el movimiento de familiares de personas desaparecidas.

Durante 2021, la ONU-DH ha documentado al menos ocho casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos donde la letal agresión podría ser una represalia por su legítima labor. Ante ello, la ONU-DH exhorta a las autoridades a tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y afrontar las causas subyacentes que los sitúan en riesgo.

 

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