Venezuela.- El gobierno de Venezuela oficializó este viernes 24 de julio de 2026 su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), tras comunicar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional que ya no reconoce la jurisdicción del tribunal para atender asuntos relacionados con el país.
La decisión fue comunicada por el canciller Félix Plasencia, quien explicó que la decisión surgió de la convicción de que la Corte no actúa con equidad, sino que pone “sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”.
Además, sostuvo que Venezuela rechaza el uso mal intencionado de las leyes y de los tribunales como arma política, “que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”:
Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global (…) Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.
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Delcy Rodríguez dice haber perdido credibilidad en el tribunal del CPI
Sobre esta decisión, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la “CPI se ha instrumentalizado (…) políticamente” contra Venezuela, al punto que su gobierno perdió credibilidad en el tribunal.
Antes de esto, el Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un “progreso real” en el trabajo con el gobierno.
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CPI y su labor en Venezuela
Es preciso señalar que la CPI es un tribunal de última instancia que investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
En el caso de Venezuela, el Estatuto de Roma fue ratificado en junio de 2000 durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), por lo que la CPI estuvo ejerciendo jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio venezolano o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.
