Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump, ejecutar su plan de reducción drástica en el Departamento de Educación, que incluye el despido de cientos de empleados y el desmantelamiento parcial de la agencia. Esta medida revoca el freno temporal impuesto por un juez federal en Massachusetts, quien había respondido a una demanda colectiva presentada por 20 estados, sindicatos de maestros y distritos escolares.
La estrategia de la administración Trump, anunciada en marzo, prevé eliminar este año un tercio de los más de cuatro mil 100 trabajadores de la dependencia, como parte de un proceso gradual cuyo objetivo final es recortar la mitad del personal.
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Aunque la Casa Blanca reconoce que no puede clausurar el departamento sin la aprobación del Congreso, busca reducir sus funciones al mínimo, limitándose a tareas como la gestión de becas y préstamos estudiantiles.
Desde la óptica del Gobierno, el redimensionamiento devolvería la autoridad educativa a los estados y eliminaría lo que considera un uso ineficiente del presupuesto federal. Pese a la magnitud de la decisión, los magistrados que votaron a favor no ofrecieron argumentos, una práctica común en procedimientos de emergencia. Las juezas liberales Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan se manifestaron en contra.