Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos resolvió mantener en funcionamiento el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, al revertir de manera temporal una orden previa que contemplaba su cierre a partir de agosto.
La decisión judicial permite que la instalación continúe recibiendo migrantes mientras se desarrolla el proceso legal de fondo, el cual fue impulsado por organizaciones ambientalistas que cuestionan tanto su construcción como su impacto en el entorno natural.
El fallo se centró en determinar si el centro debía considerarse bajo jurisdicción federal, lo que obligaría a cumplir con una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, los magistrados concluyeron que los demandantes —incluidos grupos ecológicos y la tribu Miccosukee— no lograron demostrar que el proyecto esté bajo control del gobierno federal.
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En ese sentido, la corte consideró que, al tratarse de una obra financiada con recursos estatales, como ha sostenido el gobernador Ron DeSantis, no aplican las disposiciones federales invocadas en la demanda. Además, señaló que la jueza de distrito Kathleen Williams habría excedido su competencia al ordenar el cierre provisional del centro.
El complejo fue construido de manera acelerada en julio en una zona cercana a los Everglades, al oeste de Miami, lo que generó preocupación por su posible impacto en un ecosistema considerado de alta sensibilidad ambiental. Desde agosto, la instalación se encontraba parcialmente limitada en su operación mientras avanzaban los litigios.
Organizaciones ambientalistas han insistido en que el proyecto debió someterse a estudios más rigurosos antes de su edificación, debido a su ubicación en humedales con alta biodiversidad. Asimismo, han denunciado falta de transparencia, al no existir datos claros sobre el número de personas detenidas en el lugar.
¿Qué cuestionamientos persisten sobre el funcionamiento del centro?
Además del debate ambiental, colectivos civiles han señalado opacidad en torno a la operación del centro, incluyendo dudas sobre los mecanismos de supervisión, el uso de recursos públicos y la ausencia de información oficial detallada sobre su actividad.
Incertidumbre legal y continuidad operativa
La resolución del tribunal no pone fin al conflicto legal, pero sí permite que ‘Alligator Alcatraz’ continúe en operación mientras el caso sigue su curso en instancias inferiores. Esto implica que, por ahora, el centro seguirá abierto y activo, a la espera de una decisión definitiva que determine su legalidad y las obligaciones ambientales que deberá cumplir.
