Estados Unidos. The New York Times abrió un nuevo frente legal contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos al presentar una demanda federal en Washington, en respuesta a las recientes restricciones impuestas por el Pentágono al trabajo periodístico. El diario sostiene que las reglas, vigentes desde octubre, alteran de forma profunda la dinámica histórica entre reporteros y autoridades militares, a tal grado que podrían vulnerar la Primera Enmienda.
Según el medio, el nuevo marco normativo endurece controles y amplía facultades disciplinarias. Entre los cambios más cuestionados figuran un documento obligatorio de 21 páginas que los periodistas deben firmar para mantener sus credenciales, y la posibilidad de que el Departamento de Defensa retire dicho acceso si un reportero busca información sin aprobación previa. Para el Times, esto equivale a condicionar la publicación de contenidos a un aval oficial, independientemente del tipo de información o de dónde se haya obtenido.
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El periódico solicitó a la corte una orden que frene la aplicación de las normas y que declare ilegales las disposiciones que interfieran con derechos constitucionales. La demanda incluye al reportero Julian E. Barnes y cuenta con la asesoría del abogado Theodore Boutrous, experto en libertades civiles. El Pentágono, por su parte, confirmó la existencia del litigio, aunque evitó ofrecer detalles mientras el caso sigue su curso judicial.
Las reglas forman parte de los cambios impulsados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuya gestión acumula fricciones con la prensa, desde intentos de retirar credenciales hasta la reasignación de espacios a medios conservadores. Periodistas de diversas cadenas han calificado estas políticas como amenazas sin precedentes.
¿Qué aspectos específicos de la nueva política están en el centro de la disputa?
El Times señala, entre varios puntos, una cláusula que permite al Pentágono catalogar a un periodista como “riesgo para la seguridad”, facultando sanciones incluso por divulgar datos no clasificados, algo que el diario considera incompatible con la labor informativa protegida por la Primera Enmienda.