Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump presentó una propuesta que plantea un aumento considerable en las tarifas para quienes buscan obtener la ciudadanía estadounidense, una medida que afectaría a residentes permanentes en proceso de naturalización.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el costo del trámite pasaría de 760 a mil 330 dólares para solicitudes en formato impreso, mientras que las presentadas de manera electrónica subirían de 710 a mil 280 dólares.
Ajustes en trámites migratorios
El proyecto también incluye modificaciones en otros procedimientos vinculados a la naturalización. Entre ellos, se contempla un incremento de 645 dólares para las personas que soliciten una revisión tras recibir una negativa en su proceso de ciudadanía, lo que elevaría aún más el costo total del trámite.
Asimismo, la propuesta prevé eliminar programas de reducción o exención de tarifas dirigidos a solicitantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400 por ciento del nivel federal de pobreza, lo que podría impactar a sectores económicamente vulnerables que buscan regularizar su estatus.
Te puede interesar leer: Trump impulsa idea de renombrar ICE como NICE para mejorar la imagen de la agencia
Las autoridades estadounidenses argumentan que el ajuste tiene como objetivo cubrir por completo los costos administrativos del proceso de naturalización, señalando que las tarifas actuales no reflejan el gasto real del sistema y que otros servicios migratorios terminan subsidiando estos procedimientos.
¿Cuándo entrarían en vigor los nuevos costos para la ciudadanía en Estados Unidos?
Por ahora, el incremento no ha sido aprobado. La propuesta deberá pasar por un periodo de consulta pública de 60 días, en el que ciudadanos, organizaciones y especialistas podrán presentar comentarios y observaciones antes de que se tome una decisión final.
Política migratoria más estricta
El anuncio se suma a una serie de medidas impulsadas tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, caracterizadas por un endurecimiento de las políticas migratorias y un mayor control en el acceso a beneficios relacionados con la inmigración, marcando así un cambio en el enfoque respecto a administraciones anteriores.