Estados Unidos. A cuatro años de las protestas masivas que sacudieron a Cuba el 11 de julio de 2021, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel, a quien responsabiliza por violaciones graves a los derechos humanos durante aquellas manifestaciones. La Casa Blanca recordó que, en ese contexto, el mandatario cubano instó públicamente a enfrentar a los manifestantes, en un llamado que describió como una “orden de combate”.
La represión dejó un saldo de una persona muerta, decenas de heridos y cientos de detenciones, según informes oficiales y de organismos de derechos humanos. Actualmente, Washington estima que unas 700 personas siguen presas por su participación en esas protestas.
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El Departamento de Estado anunció restricciones de visado a altos funcionarios cubanos, incluyendo a Díaz-Canel, al ministro de Defensa Álvaro López Miera y al titular del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como a jueces y custodios acusados de participar en torturas y detenciones arbitrarias.
Uno de los casos más notorios es el de José Daniel Ferrer, líder opositor, quien fue liberado a principios de 2024 tras una negociación con el Vaticano, pero arrestado nuevamente en abril. Su familia denuncia que ha sido torturado, y el senador Marco Rubio ha exigido una prueba de vida, acusando directamente al régimen de su situación.
Como parte de las nuevas medidas, Estados Unidos también amplió su lista de lugares prohibidos para turistas estadounidenses, añadiendo 11 propiedades estatales, entre ellas el exclusivo hotel Torre K, en La Habana. Rubio cuestionó la inversión en turismo de lujo mientras la isla atraviesa una severa crisis de desabasto y deterioro social.
