Johannesburgo.- La Fiscalía de Sudáfrica anunció este domingo la retirada
por ahora de los cargos de asesinato contra 270 mineros por la masacre de 34 de
sus compañeros por disparos de la Policía durante la huelga en la mina
sudafricana de platino de Lonmin, en Marikana.
El director nacional de la Fiscalía, Nomgcobo Jiba, afirmó
en una rueda de prensa celebrada hoy en Pretoria que los cargos de asesinato
solo serían presentados una vez que haya avanzado la investigación de los
hechos, informó la emisora sudafricana Talk Radio.
Los 270 mineros en huelga en la mina de Marikana fueron
acusados de asesinato el viernes por la masacre de sus compañeros por una ley
del apartheid, el régimen racista impuesto por la minoría blanca sudafricana
hasta 1994, que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por
las muertes que se produzcan en ella.
“La decisión sobre los cargos solo será tomada una vez
concluya la investigación”, afirmó Jiba, que defendió no obstante la labor
de los fiscales, que actuaron en base a las leyes sudafricanas.
Los fiscales sudafricanos afirmaron que aguardarán también a
ver el resultado de la comisión judicial de investigación, puesta en marcha por
el Gobierno para esclarecer los hechos de la matanza.
Los 270 trabajadores serán puestos en libertad bajo fianza
el próximo jueves, cuando se reanuda la vista sobre el caso, añadió el director
de la nacional de la Fiscalía.
La decisión del ministerio fiscal causó un gran estupor en
Sudáfrica por la aplicación de la doctrina del “propósito común”, que
durante el apartheid se empleó para perseguir y detener sistemáticamente a los
ciudadanos que se enfrentaban al Gobierno por la democracia y la igualdad
racial en el país.
La acusación llevó incluso al ministro de Justicia de
Sudáfrica, Joseph Radebe, a pedir explicaciones a la Fiscalía sobre el fundamento
de los cargos.
En una carta remitida al Gobierno sudafricano, los abogados
de los 270 detenidos reclamaron la intervención del presidente sudafricano,
Jacob Zuma, y la puesta en libertad inmediata de los acusados.
“Si Zuma no actúa, iremos a los juzgados para obtener
una orden urgente que le obligue a ello”, amenazaron los abogados de los
mineros, que dieron de plazo hasta las 12.00 GMT de hoy para que el jefe del
Estado interceda en el asunto.
En un comunicado, el presidente Zuma aseguró ayer que no interferiría
en el desarrollo del juicio, e insistió en la independencia de los tribunales y
el ministerio fiscal.
Un total de 259 mineros fueron arrestados después de que la
Policía abriera fuego el pasado 16 de agosto contra un grupo de huelguistas,
que iban armados con machetes, palos, y armas de fuego, según el Gobierno.
Otros 11 mineros que resultaron heridos durante el episodio
fueron arrestados en el hospital.
Los mineros se encuentran en huelga para reclamar mejoras
salariales desde el 10 de agosto en la mina de platino de Lonmin.
Un total de 44 personas han perdido la vida desde el inicio
de las protestas en la mina de Lonmin, entre ellos dos policías y dos guardias
de seguridad, y seis mineros en los primeros compases de la huelga, antes de la
matanza del 16 de agosto.
Nadie ha sido acusado, hasta el momento, de la muerte de estas diez
personas, según confirmó a Efe la Fiscalía sudafricana.
CHG
