Brasil. – Una serie de redadas policiales realizadas el 28 de octubre en las favelas del Complexo da Penha y el Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, Brasil, dejó al menos 132 personas muertas, según cifras preliminares confirmadas por la Defensoría Pública regional.
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La operación, encabezada por fuerzas de seguridad estatales, tenía como objetivo desarticular células del grupo criminal Comando Vermelho, pero derivó en enfrentamientos de alta intensidad que han sido calificados como los más letales en la historia reciente de la ciudad.
Las autoridades locales informaron que entre los fallecidos se encuentran al menos cuatro agentes de seguridad, mientras que el resto corresponde a presuntos integrantes de organizaciones delictivas.
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Sin embargo, vecinos y organizaciones civiles han denunciado que entre las víctimas hay personas sin vínculos criminales, lo que ha encendido las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos claros.
¿Qué dicen las autoridades y los organismos de derechos humanos?
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reconoció que el número de víctimas podría aumentar conforme se identifiquen los cuerpos en los institutos forenses. Justificó la operación como parte de una estrategia para recuperar el control territorial en zonas dominadas por el crimen organizado.
Por su parte, la Defensoría Pública del estado inició la recopilación de testimonios de familiares y habitantes de las favelas intervenidas, con el fin de exigir una respuesta institucional ante lo que califican como “violencia estatal sin precedentes”. Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales.
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¿Qué implicaciones tiene esta operación?
La magnitud de la operación ha reavivado el debate sobre la militarización de la seguridad pública en Brasil y el impacto de las políticas de confrontación directa en comunidades vulnerables. Expertos advierten que este tipo de intervenciones, sin garantías de debido proceso, pueden agravar la desconfianza entre la población y las instituciones.
