El Salvador. La reforma constitucional aprobada recientemente en El Salvador ha desatado una ola de críticas a nivel nacional e internacional. El cambio, promovido por el oficialismo y avalado por la Asamblea Legislativa, autoriza la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y unifica todas las elecciones en una sola jornada.
Organismos de derechos humanos como Cristosal calificaron la medida como una amenaza directa a la democracia. La organización, que cerró sus oficinas en el país tras denunciar hostigamiento, afirmó que esta reforma consolida un régimen autoritario al servicio del presidente Nayib Bukele.
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Desde Washington, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la reforma por ser, en su opinión, una “manipulación constitucional” que allana el camino para que Bukele se perpetúe en el poder. La organización advirtió que el debilitamiento institucional ha sido constante desde que el mandatario asumió el cargo.
La detención en mayo de Ruth López, exjefa anticorrupción de Cristosal, bajo cargos controvertidos de enriquecimiento ilícito, acentuó las alertas sobre el uso político del sistema judicial.
Aunque la reforma genera preocupación, Bukele conserva una sólida base de apoyo popular, gracias a su política de seguridad que ha reducido la violencia mediante un régimen de excepción. Sin embargo, esta estrategia también ha sido criticada por violaciones a los derechos civiles.
