Ginebra.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay,
condenó el “uso extremo de la fuerza” ejercido por las fuerzas de
seguridad egipcias en la represión de las protestas civiles de los
últimos días.
“La Alta Comisionada mostró su alarma ante la gran violencia y el número
de muertes de los últimos días, muchos de ellos provocados por el
excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, dijo
en rueda de prensa su portavoz, Rupert Colville.
Colville indicó que Pillay está muy alarmada porque las fuerzas de
seguridad egipcias “están haciendo un uso desproporcionado de la fuerza
contra sus propios ciudadanos”.
Además, “no están cumpliendo con su obligación de protegerlos,
especialmente a las mujeres reunidas en la plaza Tahir del Cairo,
atacadas por bandas criminales”.
El portavoz explicó que los informes indican que al menos 25 mujeres
fueron “atacadas sexualmente con una violencia extrema” mientras
protestaban en la céntrica plaza Tahir.
Asimismo, Pillay recordó a las autoridades egipcias que el
establecimiento del estado de emergencia no implica que el Estado no
esté obligado a proteger los derechos humanos y fundamentales de sus
ciudadanos.
“El toque de queda y el estado de emergencia debe estar conforme con la
ley, debería ser supervisado por el poder judicial, los derechos humanos
deberían ser protegidos y esperamos que se limite a los 30 días
anunciados”, dijo.
“El estado de emergencia no implica que se pueda privar la vida, que se
pueda torturar, que se puedan aplicar tratamiento degradante o
humillante y las leyes fundamentales tienen que seguir reinando”, agregó
Colville.
La violencia se recrudeció en los últimos días en Egipto a raíz del segundo aniversario del inicio de la sublevación contra el régimen del entonces presidente Hosni Mubarak y del descontento contra el actual mandatario, Mohamed Morsi.
A esos disturbios se sumaron los choques en la provincia de Port Said
(noreste), originados el sábado tras conocerse la decisión de un
tribunal de recomendar la pena de muerte para 21 acusados de participar
en la matanza de 74 personas hace casi un año en el estadio de futbol
local.
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