Ofrece reforma migratoria de EUA camino "estrecho" a legalización

Washington.- El
proyecto de ley de migración aprobado por el Senado de Estados Unidos
la semana pasada ofrece un camino estrecho a la legalización y altos
costos para la seguridad fronteriza.El camino a la
legalización y ciudadanía estadunidense para unos 11 millones de
indocumentados “es muy estrecho y duro”, declaró a Notimex la directora
del programa de Inmigración del Consejo Nacional de la Raza (NCLR),
Clarissa Martínez.La Cámara de Representantes, controlada
por los republicanos, analiza por su parte su propia versión de una
iniciativa de ley que pone como prioridad la seguridad fronteriza, en
contraste con una visión más integral en el Senado.El
proyecto en el Senado permite a los indocumentados un ajuste al estatus
de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) que suspende su deportación
para luego de 10 años solicitar la residencia permanente y luego la
ciudadanía en un proceso que puede durar tres años.Los
potenciales beneficiarios son los que pueden probar que han residido en
el país antes del 31 de diciembre de 2011, se inscriban, paguen mil
dólares de multa y comiencen el proceso de legalización.El
precio para alcanzar esa meta es de 46 mil millones de dólares en
seguridad fronteriza en un plazo de 10 años para ampliar la construcción
del muro con México, usar la tecnología para incrementar la vigilancia y
duplicar a casi 40 mil en el número de agentes fronterizos.Esas
medidas fueron incluidas en una enmienda de los senadores republicanos
Bob Corker y John Hoeven que permitió un amplio apoyo bipartidista al
proyecto impulsado por ocho senadores, cuatro demócratas y cuatro
republicanos.Las excepciones para un proceso más acelerado
son para los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados
Unidos y los inmigrantes que ya tienen un Estatus de Protección Temporal
(TPS), muchos de ellos centroamericanos.Los jóvenes indocumentados que se inscriban en las fuerzas armadas pueden obtener la ciudadanía inmediata.Los
trabajadores agrícolas que prueben que trabajaron en Estados Unidos
podrán obtener una “tarjeta azul” válida por ocho años, pagar una multa y
solicitar la residencia permanente en cinco años, siempre y cuando
continúen trabajando en el campo.Luego de instrumentada la
ley, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe informar al
Congreso sobre el control operacional de la frontera, que, en caso de no
lograrse, agregará más recursos y establecerá una Comisión de Seguridad
Fronteriza.Los requisitos para el camino a la ciudadanía incluyen el aprendizaje de inglés, el pago de impuestos y multas.Sin
embargo, bajo el proyecto del Senado, los indocumentados beneficiados
de una legalización, en el tiempo en que dure su estatus provisional, no
tendrán acceso a programas como el Seguro Social o el Medicare de
atención médica para personas mayores ni el Medicaid para familias de
bajos recursos.Esa medida ha generado preocupación entre grupos pro-inmigrantes, porque muchos ya aportaron con sus impuestos a esos programas.Otra
de las preocupaciones es que la fuerte presencia policial en la
frontera puede crear abusos a los derechos humanos, en caso de que esas
fuerzas carezcan de entrenamiento adecuado para aplicar la ley de
inmigración.”Es un precio alto que hay que pagar (por la
legalización), lo cual no es buena política pública ni fiscal, pero
desgraciadamente ha dominado ?la narrativa de la frontera? en el debate
sobre inmigración, lamentó Martínez.Sin embargo, el proyecto de ley aumentaría las visas de reunificación familiar.En
el sistema de no inmigrantes, la cifra de visas H-1B para trabajadores
calificados también tiene previsto aumentar. Sin embargo, elimina la
llamada “lotería” de visas para la residencia permanente.Una
medida interesante es que un grupo limitado de deportados puede
regresar si son jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos, así como
padres o cónyuges de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes
legales.Además, inmigrantes elegibles que enfrentan
deportación entre el día en que el proyecto se convierta en ley y el día
que entre en vigor el programa RPI aún tendrán una oportunidad de
solicitar.El proyecto de ley S.744 con mil 200 páginas
enfrentó una avalancha de cientos de enmiendas, muchas de ellas
impulsadas por opositores para obstruir su aprobación.Las
secciones incluyen la seguridad fronteriza, sistema de visas, la
aplicación interna de las leyes, que incluye el sistema E-Verify de
verificación electrónica de empleo, y reformas a visas para no
inmigrantes.Entre tanto, los trabajadores poco calificados
pueden solicitar las nuevas visas W sólo para el sector no agrícola,
que incluye servicios, hotelería y construcción, el cual es renovable
cada tres años, ofrece protecciones y permite la residencia permanente.El
proyecto de ley también crea la visa X para los inversionistas, que se
concede por tres años y tiene un límite de 10 mil por año. Algunos de
los beneficiarios de esas vías podrían solicitar la residencia
permanente.CHG