Washington.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) optó este
martes por prolongar la adopción de acciones para responder a la destitución
del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Al término de una reunión extraordinaria del consejo
permanente, la mayoría de los países acordaron esperar al análisis por parte de
sus gobiernos de un informe presentado por el secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, antes de proponer y adoptar medidas.
Ese consenso dejó de lado la insistencia de varios países
del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) para convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para
discutir el tema, aunque el propio Insulza se dijo abierto a tal convocatoria.
“No es malo que haya una reunión de cancilleres”, dijo a
periodistas al término de la reunión de casi dos doras en la que presentó su
informe sobre la visita de tres días que realizó a Paraguay, del 1 al 3 de
julio, al frente de una misión de varios embajadores.
En su informe, Insulza dejó en claro su oposición a la
suspensión de Paraguay de la OEA, como lo demandaron algunos países que citaron
el caso de Honduras en 2009, y cuyas similitudes fueron rechazadas por el
directivo.
“La suspensión conllevaría altas implicaciones económicas
para el país dado el impacto directo de la decisión de otras instituciones del
sistema interamericano”, indicó Insulza a los embajadores.
Una suspensión de Paraguay daría como resultado la detención
inmediata en el desembolso o la aprobación de créditos por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) como sucedió en el caso de Honduras.
“Más que impulsar sanciones deberíamos unirnos en torno a un
enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización de
diálogos con visión de mediano y largo plazos y que involucre a los actores
políticos paraguayos en la superación de la situación actual”, dijo.
En su informe, Insulza señaló que la acción de la OEA debe
estar encaminada a permitir que concluya el proceso judicial, el cual advirtió,
podría alcanzar eventualmente la comisión y la corte interamericana de derechos
humanos.
Asimismo, fortalecer la gobernabilidad de Paraguay y
asegurar que las elecciones presidenciales de abril de 2013 sean participativas
y transparentes “evitando que lo ocurrido dé lugar a represalias o exclusiones,
en especial contra el presidente Lugo o sus partidarios”.
El embajador de Paraguay ante la OEA, Bernardo Hugo Saguier,
pidió por su parte a los embajadores abandonar la propuesta de imponer
sanciones, evitando así sentar un “preocupante precedente” , y dar lugar a “un
juicio de la inquisición”.
Informó que su país solicitó ya el acompañamiento de la OEA
en el proceso de preparación de las próximas elecciones, así como el envío de
una misión de observación para esa contienda.
“Lo que esperamos de la OEA es que sea justa en su
juzgamiento y que no se deje manejar por quienes buscan detener el proceso para
que se haga justicia a Paraguay”, subrayó.
La falta de consenso para adoptar una actitud más agresiva
en el seno del consejo permanente llevó al embajador de Venezuela, Roy
Chaderton, a criticar lo que a su juicio es una actitud apática frente a lo que
el insistió en llamar el “golpe de Estado parlamentario”.
“La OEA, siempre tibia, a veces fría. Es como una sopa de cebolla fría,
sin el queso derretido”, comparó el venezolano.
