?Nueva York, EU.- Funcionarios del gobierno de Obama afilan medidas contra la contratación de indocumentados, centrándose en cargos criminales para los empresarios mientras evitan arrestos de los propios trabajadores, afirmó hoy The New York Times.
Según el diario, tras meses de críticas de los republicanos que afirmaban que el presidente Barack Obama estaba perdiendo el control de la inmigración en los lugares de trabajo, la estrategia del gobierno ha dado resultados positivos.
La táctica de la autoridades, luego de largas investigaciones, ha dado como resultado que los casos de los empleadores -que han contratado indocumentados- han terminado en acusaciones, condenas, así como el aumento de multas y penas de cárcel.
Mientras se llevan a cabo menos redadas de gran magnitud en las fábricas, las autoridades de inmigración amplían enormemente el número de empresas que enfrentan el escrutinio, así como los casos en que los empleadores sufren sanciones severas.
El Times indicó que durante una ruptura con las políticas de la era Bush, el número de causas penales contra los trabajadores inmigrantes no autorizados se ha reducido drásticamente en los últimos dos años.
Entre los empresarios que han sentido el impacto de las tácticas de la administración Obama son dos propietarios de restaurantes mexicanos en la cadena Chuy’s Mesquite Broiler.
El 20 de abril pasado, agentes de inmigración se tomaron 14 restaurantes Chuy’s en redadas coordinadas en Arizona y California, detuvieron a trabajadores de la cocina y se llevaron cajas de libros de nómina y otras evidencias.
Sin embargo, días después en la lectura de cargos en la corte federal en Tucson, ninguno de los inmigrantes estaba frente el juez, a diferencia de los dueños de los establecimientos: Mark Evenson y su hijo Christopher, así como una contadora, Diana Ingrid Strehlow.
Si los Evenson son encontrados culpables de todos los cargos en su contra, como fraude fiscal y la contratación de indocumentados, podrían enfrentar hasta 80 años de prisión.
De los 42 inmigrantes indocumentados detenidos durante la redada en Chuy?s, sólo uno fue acusado de un delito, y no estaba relacionado con el allanamiento.
Trece trabajadores fueron procesados por violaciones de inmigración
-que son delitos civiles- y los demás se quedaron en este país en calidad de testigos o para obtener el estatus legal a través de los tribunales de inmigración.
El año pasado, según cifras del gobierno, hubo dos mil 746 investigaciones en lugares de trabajo, además de auditorías, más del doble del número en 2008, el último año completo del gobierno de George Bush.
Las multas impuestas a las empresas por casos de inmigración se aproximaron a los 43 millones de dólares, también una cifra récord.
