Nicaragua.- El gobierno de Nicaragua avanza en una reforma que busca impedir que los partidos de oposición participen en los procesos electorales. La iniciativa surge tras una directriz del presidente Daniel Ortega y se prevé que comience a discutirse en la Asamblea Nacional durante la primera semana de agosto.
Este miércoles 22 de julio de 2026, la Asamblea Nacional, el Legislativo controlado por el gobierno, y la autoridad electoral comenzaron este miércoles a definir las leyes que enmarcarán la polémica reforma.
El jefe del Congreso, Gustavo Porras, señaló que las reformas serán sometidas a votación “en la primera semana de agosto” y apuntan a “no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos”, haciendo alusión a la presunta intervención de Estados Unidos en los procesos de oposición.
Te puede interesar: Daniel Ortega, con casi 2 décadas en el poder, advierte: “En Nicaragua no volverá a haber elecciones”
“Elecciones, sí, pero elecciones propias”, destaca Rosario Murillo
Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua y esposa del presidente Daniel Ortega, subrayó este miércoles que habrá elecciones, pero bajo sus propios parámetros y siempre en defensa de la soberanía nacional:
Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás a Nicaragua.
(…) Elecciones, sí, pero elecciones propias (…), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad.
Lee también: EU anuncia nuevas restricciones a más de 100 funcionarios de Nicaragua: ¿Cuál es el motivo?
La ONU condena declaraciones de Nicaragua sobre no celebrar elecciones
Este mismo miércoles, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó las declaraciones de Daniel Ortega e instó al gobierno de Nicaragua a “restablecer el Estado de derecho” pues “todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar”:
Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho.
