Estados Unidos. El estado de Minnesota, junto con el condado de Hennepin, emprendió acciones legales contra la administración del presidente Donald Trump ante la falta de acceso a información clave sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios. La disputa se centra en dos tiroteos ocurridos en enero, donde murieron ciudadanos estadounidenses durante intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La demanda, presentada ante un tribunal federal en Washington D.C., acusa al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia de bloquear el acceso a evidencia fundamental para esclarecer los hechos. Los casos involucran las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, tras operativos realizados por agentes federales en incidentes separados.
De acuerdo con autoridades estatales, inicialmente existió disposición de colaboración por parte de instancias federales; sin embargo, aseguran que esta se diluyó cuando el gobierno central tomó control total de las pruebas. Ante ello, buscan que la justicia obligue a las dependencias a entregar tanto la evidencia de estos casos como información adicional sobre otro incidente en el que el ciudadano venezolano Julio César Sosa-Celis resultó herido durante un operativo.
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Más allá de los casos específicos, los demandantes sostienen que existe un patrón en la actuación de agentes federales en la entidad, al señalar operativos que consideran agresivos y ejecutados sin apego pleno a los protocolos legales. También advierten sobre prácticas como detenciones presuntamente ilegales y redadas en espacios públicos, que —afirman— han generado un ambiente de temor entre la población.
¿Qué busca Minnesota al recurrir a la vía judicial?
El objetivo principal de la demanda es obligar a las autoridades federales a transparentar la información relacionada con los operativos, luego de que múltiples solicitudes de acceso fueran rechazadas. El estado argumenta que estos datos son indispensables para llevar a cabo investigaciones locales y deslindar responsabilidades sobre el uso de la fuerza.
Cuestionamientos a la actuación federal en operativos migratorios
En su recurso legal, Minnesota también solicita que un tribunal federal declare que la negativa del DHS y el DOJ a compartir información constituye una acción “arbitraria y caprichosa”, lo que podría representar una violación a la ley administrativa. De prosperar, el caso podría establecer límites claros a la actuación del gobierno federal frente a autoridades estatales y marcar un precedente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
