Perú. La crisis social en Perú volvió a escalar este viernes 17 de octubre, luego de que la Fiscalía solicitó la detención preliminar de dos suboficiales de la Policía Nacional (PNP), acusados de estar involucrados en la muerte de un manifestante durante las protestas del pasado miércoles en Lima. Los agentes señalados son Luis Magallanes y Omar Saavedra, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado en agravio del ciudadano Eduardo Ruiz.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable de la investigación, busca garantizar la presencia de ambos policías mientras se amplían las diligencias del caso. El Ministerio Público confirmó la medida a través de su cuenta oficial en la red social X.
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De acuerdo con las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, el disparo que terminó con la vida de Ruiz fue realizado por el suboficial Magallanes, quien al momento permanece internado en el hospital policial por lesiones, pero bajo arresto junto a su compañero Saavedra. Ambos pertenecían a la División de Investigación Criminal (Dirincri) y actuaban de civiles en la marcha convocada por colectivos estudiantiles, jóvenes y artistas.
Las consecuencias institucionales no tardaron en llegar. El Ejecutivo peruano ordenó una serie de cambios en la estructura de mando de la Policía Nacional, incluyendo relevos en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección de Inteligencia. Asimismo, varios oficiales generales fueron separados temporalmente de sus cargos por “necesidades del servicio”, mientras se desarrolla un proceso sumario interno.
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¿Qué medidas adoptó el Ministerio del Interior frente a las críticas y la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía?
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que las investigaciones fiscales y administrativas serán fundamentales para esclarecer los hechos. Reconoció que agentes encubiertos de la Dirincri participaron en la marcha como parte de un operativo planificado por el alto mando policial, aunque subrayó que “la Policía no encubre actos ilícitos, pero tampoco abandona a sus efectivos”.
Además, informó que tanto la Inspectoría General de la PNP como la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior llevan a cabo indagatorias paralelas para determinar responsabilidades y recabar evidencias sobre los enfrentamientos, que dejaron un saldo de 89 policías heridos.
