Asunción.- El ex presidente paraguayo Fernando Lugo presentó un nuevo
recurso de inconstitucionalidad para buscar la declaración de nulidad del
“juicio político” que llevó a su destitución, informó este jueves uno
de sus abogados.
“Es una acción que ataca de inconstitucional la
resolución del Senado por la cual se destituyó al presidente de la
República”, dijo a Efe Adolfo Ferreiro, uno de los abogados del ex obispo.
Aseveró que en el juicio a Lugo se produjo una “grave
violación de las garantías constitucionales” y que careció de “reglas
del debido proceso y de la defensa”.
La nueva acción fue planteada ante la Sala Constitucional de
la Corte Suprema, que hoy mismo tiene previsto reunirse para analizar el
asunto, según anunció el presidente del alto tribunal, Víctor Ñúñez, en
declaraciones a la radio Primero de Marzo.
Remarcó que tratarán de expedirse en la brevedad, dada la
relevancia del asunto.
“Lo que estamos atacando son deficiencias formales del
proceso”, insistió Ferreiro, quien presentó el recurso con los demás
abogados de Lugo este miércoles.
La Sala Constitucional ya había desestimado el 25 de junio
pasado el primer recurso de Lugo, presentado contra el reglamento del
Legislativo que fijó los horarios de las sesiones del “juicio
político”, concluido en un solo día.
A través de ese proceso, el ex prelado fue separado del
cargo el 22 de junio último al ser declarado culpable de “mal
desempeño” en sus funciones y pocas horas después fue sustituido por su
entonces vicepresidente, Federico Franco.
Lugo argumentó entonces que no se le dio el tiempo para
articular su defensa, mientras que la nueva “acción de
inconstitucionalidad” va en contra del veredicto mismo del Legislativo.
En cuanto a las posibilidades de obtener una respuesta
judicial favorable, Ferreiro aseveró: “no esperamos mucho porque esta
Corte está amenazada por el Senado de que si no se resuelve lo que al Congreso
le gusta les van a juzgar también políticamente, así como se le juzgó al presidente
y los van a destituir”.
Recordó que esa instancia judicial tiene treinta días
hábiles para expedirse sobre el asunto y ratificó que “una vez que se
agoten las instancias internas locales” podrían recurrir a organismos
internacionales.
“El presidente (Lugo) podría recurrir a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y a la Corte Internacional (…). Vamos a seguir actuando como
abogados del presidente en la medida en que él disponga que así sea”,
añadió.
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