Madrid.- Se llaman Manolo, Juan, Alfonso, Jaime,
Antonio… Tienen entre 20 y 50 años, viven en pueblos y ciudades de las
comunidades de Castilla y León, Asturias y Aragón (norte de España).
Muchos de ellos son hijos y nietos de mineros, y ellos también llevan
años trabajando en las minas. Un duro y peligroso empleo que la mayoría
comenzó siguiendo la tradición familiar, y ahora temen perder.
El gobierno que preside el conservador Mariano Rajoy (Partido
Popular) ha anunciado el recorte de las ayudas al sector en 63%,
pasando de los 301 millones de euros de 2011 a 111 millones de euros, lo
que provocará el cierre de varias minas de carbón y la pérdida de 30
mil puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Por eso, el 22 de junio unos 200 mineros aglutinados en dos columnas,
una procedente de la comunidad de Castilla León y de Asturias y otra
procedente de Aragón, iniciaron la llamada “marcha negra” con
dirección a Madrid, donde llegaron la noche del martes y fueron
recibidos por miles de personas que, hartas de las políticas de recortes
del gobierno, quisieron mostrarles su apoyo y su solidaridad. Ayer, los
mineros y sus simpatizantes se enfrentaron con la policía, con un
saldo de 76 heridos y casi una treintena de detenidos.
Hace muchos años la industria del carbón dejó de ser
rentable en España debido a la liberalización del comercio del carbón y a
la dura competencia del carbón extranjero: de mejor calidad y más
barato que el español. Se aprobaron entonces millonarias subvenciones
para que la industria, símbolo de las luchas obreras en los años 60 y
70, sobreviviera.
En 1985, poco después de que el socialista Felipe González ganara por primera vez las elecciones generales en España,
el sector aún daba trabajo a 52 mil 910 personas. Sin embargo, los
sucesivos planes de ajuste y reconversión llevados a cabo los años
siguientes tanto por gobiernos socialistas como del Partido Popular (PP)
-sin despidos traumáticos, con generosas prejubilaciones y con
cuantiosas medidas de acompañamiento y compensación social y
territorial- redujeron el empleo carbonero en el país a 8 mil obreros en
la actualidad.
La producción pasó de 20 millones de toneladas al año a 8.5 millones en los 47 yacimientos aún activos.
Hace dos años, la Unión Europea decidió prohibir la continuidad de las
ayudas públicas a las minas de carbón a partir de finales de 2014,
aunque después accedió a prorrogarlas hasta el 31 de diciembre de 2018.
Pero el gobierno español que preside Mariano Rajoy decidió reducirlas
antes de tiempo y presionado por las exigencias impuestas por Bruselas
para cumplir con las cifras de déficit, introdujo en los Presupuestos
Generales del Estado para 2012 un recorte de las ayudas directas a la
explotación de 190 millones de euros, lo que supone una disminución de
63% a las subvenciones.
Sin ellas, los empresarios, sindicatos y dirigentes de los municipios
carboneros aseguran que las empresas carboneras no podrán sostenerse y
que el sector de la minería, del que dependen centenares de familias y
pueblos enteros de la cuenca minera de Asturias, León y Aragón, estará
condenado al cierre.
Los defensores del sector de la minería aseguran que
España y Europa no tienen otras fuentes autóctonas de energía salvo las
renovables, por lo que no deberían renunciar a este recurso. Además,
critican que el gobierno sea capaz de inyectar miles de millones de
euros a la banca y se niegue a dar 200 millones de euros al sector
minero.
El gobierno niega que quiera cerrar el sector, pero no está dispuesto a
ceder en los recortes. Sabe que si lo hace, otros sectores seguirían el
ejemplo minero. El Ejecutivo considera que no tiene sentido que países
como España sostenga actividades en las que nunca será capaz de competir
en costos, abundancia y calidad. Un ejemplo es la empresa estatal
Hunosa, que se creó en 1967 y llegó a emplear en Asturias a 26 mil
trabajadores pero que nunca ha tenido beneficios. Al contrario, siempre
ha tenido pérdidas.
El carbón que se extrae en España es de muy baja calidad, muy difícil
de extraer y, por tanto, muy caro. Por eso es mucho más barato
importarlo. Frente a los 8 millones y medio de toneladas que produce
cada año, España adquiere en el exterior entre 16 y 20 millones de
toneladas. Asturias, que fue la primera potencia carbonera española
durante siglo y medio, cubre hoy con importaciones más del 70% del
carbón que consume. La UE produce 130 millones de toneladas. Pero
importa en torno a 160 millones.
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