La nueva ley del aborto evidencia la división de la sociedad irlandesa

Ciudad de México.- En una votación histórica, la Cámara Baja (Dáil) del Parlamento
irlandés aprobó hoy, por primera vez, una ley del aborto en ciertas
circunstancias, aunque la decisión ha provocado divisiones en un país de
fuerte tradición católica.
Con una cerrada ovación, el Dáil puso esta madrugada fin a más de dos
días de intenso y emotivo debate, que culminó con 127 votos a favor y
31 en contra de la legislación redactada por el Gobierno de coalición
entre el conservador Fine Gael (FG) y el Partido Laborista. La
holgura del resultado no refleja, no obstante, las objeciones de un gran
número de parlamentarios, que llegaron a someter a votación durante el
debate hasta 165 enmiendas al texto, que autoriza la interrupción del
embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, lo que incluye la
amenaza de suicidio. El FG y los laboristas obligaron, además, a
sus diputados a seguir sus directrices, igual que la cuarta formación
nacional, el Sinn Fein, cuyo presidente, Gerry Adams, se ha declarado
contrario al aborto, aunque pidió el voto a favor por cuestiones
humanitarias. También se mostró a favor el liderazgo del Fianna
Fail, el partido de centro que más veces ha gobernado -ahora en la
oposición-, aunque dejó libertad a sus miembros para decidir y la
mayoría, en un ejercicio de “responsabilidad”, optó por el “sí”. De fondo, grupos antiabortistas y la poderosa iglesia católica han tratado de influir sobre los políticos.
La conferencia episcopal no llegó a amenazarles con la excomunión
porque, dijo, no es un “fenómeno habitual”, pero sí les advirtieron de
que, tarde o temprano, se verían las caras con los sacerdotes de sus
parroquias y, en algunos casos, con sus votantes. Entre los que
demostraron tener miedo al divino o a las urnas destaca la ya ex
secretaria de Estado para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, que junto
a otros cuatro correligionarios votaron en contra y fueron expulsados
automáticamente del FG. Después de pasar el trámite del Senado y
de que el presidente irlandés, Michael D. Higgins, estampe su firma, el
Ejecutivo del primer ministro, el democristiano Enda Kenny, confía en
que la llamada “Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo” entre
en vigor antes del próximo 18 de julio. Incluso si hubiera
algún retraso, este palidecería frente a los 21 años que han tenido que
pasar para que el Parlamento diese efecto legal a una resolución del
Tribunal Supremo de 1992 que cuestionó la normativa vigente, una de las
más restrictivas de Europa y duramente criticada por los tribunales
comunitarios. Desde entonces, seis Gobiernos sucesivos y dos
consultas populares no han sido capaces de incorporar a la legislación
ese fallo, que autorizaba ya el aborto para casos en los que la vida de
la madre corría peligro, incluso si amenazaba con suicidarse.
El problema ha radicado en que esos supuestos, solo recogidos en la
Constitución de manera muy vaga, han estado sujetos a la interpretación
de los médicos, que normalmente han tendido a negarse a interrumpir
embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones
religiosas. El propio Kenny ha reiterado que apenas se
“modifica” la situación actual ni “los derechos” de la “madre y del no
nacido”, lo que viene a dar la razón a los sectores más progresistas,
que temen que miles de mujeres irlandesas sigan viajando al Reino Unido
para someterse a un aborto, hasta casi 4.000 el pasado año, según cifras
oficiales británicas. No obstante, ha precisado el primer
ministro, la ley sí ofrece ahora “claridad y certeza” sobre las
“circunstancias muy específicas” que permitirán la interrupción de un
embarazo. Sus críticos consideran también que el texto
continuará “criminalizando” el aborto, pues propone penas de cárcel de
hasta 14 años tanto para el profesional médico como para la madres que
sigan un procedimiento antirreglamentario. En el bando más
conservador, la cuestión que más preocupa es el supuesto del suicidio,
pues, en su opinión, abre las puertas en este país a lo que denominan
“abortos a la carta”. Quizá lo más positivo, como recalcó el
ministro de Sanidad, James Reilly, es que la nueva ley impedirá que
vuelvan a ocurrir casos como el de Savita Halappanavar, la mujer india
que falleció en un hospital irlandés después de que se le denegara un
aborto pese a su embarazo problemático. Savita, de 31 años y
embarazada de 17 semanas, falleció el 28 de octubre de 2012 de
septicemia en un hospital de Galway (oeste de Irlanda), después de que
los médicos se negaran a practicarle un aborto alegando que estaba en un
“país católico” y la ley lo impedía mientras latiera el corazón del
feto, pese a que el estado de la mujer empeoraba. 
NE