Argentina.- La Justicia de Argentina concedió este martes 17 de junio el beneficio de prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que días atrás se ratificara su condena a seis años de prisión.
Según la resolución judicial, la medida entró en vigor de inmediato, lo que significa que la líder peronista ya no deberá comparecer de forma presencial ante los tribunales, como tenía previsto hacerlo el miércoles 18 de junio. En cambio, cumplirá su condena en su residencia ubicada en el barrio Constitución, en la ciudad de Buenos Aires.
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El tribunal argumentó que Fernández de Kirchner podrá cumplir su sentencia en casa debido, entre otras razones, a que supera los 70 años de edad, condición contemplada en la legislación argentina como un criterio para otorgar la prisión domiciliaria:
El Tribunal Federal 2 dispuso la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La solicitud fue presentada por la propia exmandataria, y al ser aceptada, la justicia determinó que en un plazo de 48 horas deberá entregar un listado con los integrantes de su núcleo familiar, su equipo de custodia, los profesionales médicos que la atienden regularmente, y los abogados que la representan, ya que solo ellos podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial.
El fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, señala:
(…) Fernández deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor (…) y deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario.
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El cumplimiento de estas condiciones será supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la cual deberá presentar un informe trimestral a la justicia.
Cabe recordar que la condena contra Cristina Fernández fue ratificada el pasado martes. En esta, la exmandataria fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de fraude al Estado y administración fraudulenta.
