Roma.- La Cámara de los Diputados de Italia aprobó hoy definitivamente la llamada ley anticorrupción
que, entre otras medidas, introduce la prohibición de que puedan
sentarse en el Parlamento políticos que hayan sido condenados en firme.
Tras un largo periplo y algunas modificaciones que obligaron a nuevas lecturas del proyecto de ley en el Parlamento, la Cámara baja aprobó hoy la ley por 480 votos a favor, 19 en contra y 25 abstenciones.
La ley ha sido impulsada por el Gobierno de Mario Monti
para contrarrestar los últimos datos del Tribunal de Cuentas, que
cifran en 60 mil millones de euros al año el coste de la corrupción a
las arcas del Estado.
El informe “La Corrupción en Italia. Por una Política de Prevención”,
realizado por el ministro de Administraciones Públicas y
Simplificaciones, Filippo Patroni Griffi, no solo avala esta cifra sino
que además señala que la imagen de país corrupto “socava la confianza de
los mercados y las empresas y supone una gran pérdida de competitividad
para el país”.
La ley incluye nuevos procedimientos para prevenir la corrupción,
tipifica algunos nuevos delitos y revisa las penas para los actos contra
la administración pública.
Entre las principales normas que contiene la ley, impedirá sentarse en
el Parlamento o asambleas regionales a quien haya sido condenado a penas
de más de tres años y tampoco podrán formar parte de los consejos de
administración de entes públicos aquellas personas con condenas por
delitos graves como mafia o actos contra la administración pública
(concusión, malversación, corrupción, entre otros .
Actualmente hay cien parlamentarios que están siendo investigados o ya
han sido condenados, según un programa de investigación emitido hace
algunas semanas en la televisión pública RAI.
La ministra de Justicia, Paola Severino, se ha empeñado en aprobar lo
antes posible un decreto ley para que esta norma sea válida ya de cara a
las próximas elecciones previstas para abril o mayo de 2013.
Con esta nueva ley se crea una Autoridad Nacional Anticorrupción en la
Administración Pública que se encargará del respeto de las reglas sobre
la transparencia de las actividades administrativas como la concesión de
contratas y que tiene el deber de elaborar un informe anual que
presentará al Parlamento.
Asimismo, se requerirá que todas las empresas con las que se realicen
negocios estén inscritas en las listas de las delegaciones de Gobierno
para cumplir los requisitos antimafia.
Las administraciones públicas tendrán que comunicar todos los datos
(incluidos currículum y títulos) de los dirigentes que contrata.
Otra de las iniciativas es la creación de un banco de datos sobre las
contratas que todas las empresas puedan consultar libremente en
internet, así como la creación de códigos de comportamiento y cursos de
ética y legalidad.
En la ley también se tipifican nuevos delitos en los ámbitos del tráfico
de influencias, corrupción entre privados y abuso de poder, para
adecuarlos a las normativas europeas.
Además, entre otros, aumenta las penas en los casos de concusión, que
pasarán de un mínimo de cuatro años de reclusión a seis años, o de abuso
de poder, con penas de un mínimo de un año a un máximo de cinco.
La ley prevé además incentivos y garantías para los funcionarios que denuncien episodios de corrupción.
Los diputados que se abstuvieron o votaron en contra, como los del
partido Italia de los Valores (IDV), argumentaron que se ha perdido una
oportunidad para realizar una ley que verdaderamente combata la
corrupción.
Critican que en el texto no se hayan incluido normas sobre el blanqueo
de dinero o los delitos por falsedad de cuentas en las empresas.
IN
