Phoenix, EU.-
Una jueza federal escuchará el jueves argumentos a favor y en contra de la
entrada en vigencia este mes de la nueva ley de inmigración de Arizona, en la
primera audiencia de impugnación de esta legislación que enfrenta siete
demandas legales.
La jueza federal de distrito Susan Bolton también considerará el pedido de
la gobernadora Jan Brewer quien solicitó que se desestime una demanda
introducida por el funcionario de la policía de Phoenix David Salgado y el
grupo sin fines de lucros estatal Chicanos Por La Causa.
La jueza dijo la semana pasada que no se comprometía a tomar una decisión
sobre el pedido de Salgado de impedir la aplicación de la ley antes de que ésta
entre en efecto el 29 de julio.
La legislación permite que la policía, mientras aplica otras leyes,
interrogue a una persona sobre sus estatus migratorio si tiene razones para
creer que el individuo está en el país de forma ilegal. También obliga a los
inmigrantes legales a tener consigo sus documentos migratorios en todo momento.
Los promotores de ley alegan que era necesario pues el gobierno federal no
ha enfrentado de manera adecuada la inmigración ilegal en Arizona. Los
opositores de la legislación señalan por su parte que la ley desencadenará en
la categorización racial y distraerá a los policías de su tarea principal de
combatir el crimen en las comunidades.
Desde que la gobernadora Brewer firmó la ley el 23 de abril, se han
realizado protestas en Arizona y otras partes del país, organizadas por quienes
apoyan y rechazan la ley. Algunos activistas han sugerido boicotear el turismo
de Arizona.
Asimismo, un número no determinado de inmigrantes sin papeles se han ido de
Arizona a otros estados del país e incluso a sus naciones de origen.
El gobierno del presidente Barack Obama presentó su propia demanda en un
intento por invalidar la ley.
Los abogados de Salgado argumentan que la jueza debería bloquear la ley
antes de que entre en efecto, porque su aplicación haría que la raza de una
persona fuera el principal factor tomado en cuenta por los funcionarios a la
hora de aplicar la ley. También alega que la ley federal de inmigración está
por encima de la ley estatal.
