Estados Unidos. La infraestructura federal para el control migratorio en Estados Unidos continúa en expansión. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó la adquisición de un antiguo almacén comercial en el condado de Orange, en el estado de Nueva York, que será reconvertido en un nuevo centro de detención para personas migrantes bajo custodia federal.
El inmueble corresponde a un viejo centro logístico de Pep Boys, ubicado en el valle del Hudson, a unos 96 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. El edificio fue utilizado durante años como centro de distribución de autopartes hasta su cierre en 2024 y, de acuerdo con reportes financieros, tendría capacidad para alojar a cerca de mil 500 personas.
La operación forma parte de una estrategia más amplia del DHS que contempla la apertura de al menos 20 instalaciones similares en distintos estados del país. El objetivo es aumentar la capacidad de detención ante el endurecimiento de la política migratoria federal y el incremento de procesos de deportación impulsados desde la Casa Blanca.
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Funcionarios del área de seguridad sostienen que estos espacios permitirán aliviar la saturación de centros existentes y acelerar los procedimientos administrativos de custodia y traslado. Sin embargo, organizaciones civiles y autoridades locales han advertido que el crecimiento de esta red implica impactos directos en comunidades que no fueron consultadas previamente.
¿Qué impacto tendrá este centro en la comunidad local?
La decisión ha generado una reacción inmediata en el ámbito político y social. El 30 de enero, el ayuntamiento de Chester aprobó por unanimidad una resolución en contra del proyecto, mientras que días después legisladores estatales y federales enviaron una carta al DHS manifestando su rechazo. Argumentaron posibles riesgos para la seguridad, el tejido social y las condiciones laborales de quienes trabajarían en el futuro centro.
Entre las voces críticas destaca la del senador estatal James Skoufis, quien advirtió que, aunque respalda la deportación de migrantes que cometan delitos graves, una instalación de este tipo “traería el caos” a la región. En la misma línea, el congresista Pat Ryan aseguró que ningún funcionario local fue informado ni consultado antes de concretar la compra.
Vínculos políticos y debate estatal
El proyecto también ha reavivado el debate en torno a la agenda migratoria del presidente Donald Trump, ya que el propietario de Pep Boys, Carl C. Icahn, fue asesor especial del mandatario durante su primera administración, un dato que ha sido utilizado por críticos como símbolo de cercanía política.
Por su parte, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) señaló que esta adquisición refuerza la urgencia de aprobar leyes estatales que limiten la cooperación con autoridades federales. Su presidente, Murad Awawdeh, instó al Congreso local a avanzar en la iniciativa “Nueva York para Todos”, que busca blindar a las agencias estatales frente a operativos migratorios.
Así, mientras el gobierno federal acelera la ampliación de su red de centros de detención, en el valle del Hudson se consolida una resistencia política y social que anticipa un nuevo frente de tensión entre Washington y las autoridades locales sobre el alcance real de la política migratoria en territorio neoyorquino.
