Santo Domingo. La tragedia que sacudió a la República Dominicana el pasado 8 de abril comienza ahora a transitar el camino jurídico. La Fiscalía del país presentó una acusación formal contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde el colapso del techo durante un concierto provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 300 heridas. El caso, que estremeció al país por la magnitud de las pérdidas humanas, busca ser llevado a juicio bajo el cargo de homicidio involuntario y lesiones por negligencia.
El derrumbe ocurrió mientras se realizaba una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el siniestro. Tras el hecho, los dueños del establecimiento fueron arrestados, aunque recuperaron su libertad luego de pagar una fianza de 50 millones de pesos dominicanos, mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía sostiene que los empresarios actuaron con irresponsabilidad al permitir que la estructura del local operara en condiciones peligrosas, pese a que existían advertencias internas sobre fallas en el techo.
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De acuerdo con los documentos presentados, el peso adicional de sistemas de climatización y tanques de agua comprometió la resistencia del inmueble en la discoteca Jet Set, lo que se agravó por la presencia de más asistentes de los permitidos. La capacidad del lugar era de 800 personas, pero esa noche se congregaron más de 1,200, lo que habría aumentado la presión sobre la estructura deteriorada. Además, familiares de varias víctimas, incluidas las hijas del cantante fallecido, han promovido más de medio centenar de demandas civiles contra los acusados, denunciando privilegios y trato desigual debido a su influencia empresarial.
¿Qué revelan los informes técnicos sobre el estado de la edificación antes del colapso?
La Procuraduría General concluyó que la estructura del techo presentaba corrosión y desgaste visibles desde al menos cinco años atrás, sin que se ejecutaran reparaciones. De comprobarse la responsabilidad penal, los dueños enfrentarían penas de hasta dos años de prisión, además del impacto económico y moral de las indemnizaciones, en medio de un debate nacional sobre la urgencia de reforzar la supervisión en espacios de alta concurrencia.
