Estados Unidos. Un grupo de fiscales estatales demócratas ha intensificado la presión sobre el Congreso de Estados Unidos para asegurar que el gobierno del expresidente Donald Trump devuelva miles de millones de dólares cobrados por aranceles recientemente declarados ilegales por el Tribunal Supremo. La disputa surge luego de que el máximo tribunal fallara que la Administración no tenía autoridad para imponer dichos gravámenes bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 en tiempos de paz, un pilar de la estrategia comercial de la presidencia de Trump.
En una carta dirigida a líderes legislativos, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y figuras clave del Senado y la oposición demócrata, 17 fiscales solicitaron la aprobación de una ley que establezca reembolsos automáticos con intereses a las empresas afectadas. Según los firmantes, los aranceles generaron ingresos por aproximadamente 166 mil millones de dólares, cuyo costo fue trasladado a los consumidores mediante el aumento de precios en productos esenciales, afectando especialmente a pequeños negocios y hogares de bajos ingresos.
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Los fiscales criticaron la postura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que propone que cada empresa gestione su propio reclamo, incluso a través de demandas judiciales. Para los fiscales, este enfoque sería invable, provocando procesos largos y costosos, mientras que permitir al Ejecutivo manejar las devoluciones unilateralmente podría derivar en retrasos deliberados y disputas legales prolongadas.
¿Por qué exigen una intervención directa del Congreso?
La petición busca eliminar obstáculos burocráticos y garantizar que la devolución de los aranceles sea automática, con intereses y sin la necesidad de litigios individuales, asegurando que los beneficios alcancen tanto a las empresas como a los consumidores que absorbieron el impacto económico.
El destino final de los reembolsos
Otro aspecto central de la propuesta es que las grandes corporaciones que reciban compensaciones trasladen ese alivio económico a los consumidores, quienes soportaron los precios más altos durante la vigencia de los aranceles. La fiscal de Nueva York, Letitia James, enfatizó que, de no actuar la Administración, corresponde al Congreso garantizar justicia tanto para empresas como para ciudadanos.
Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en el debate sobre la supervisión legislativa frente a decisiones ejecutivas en materia comercial, y refleja la presión creciente para que los consumidores y pequeñas empresas no queden desprotegidos ante políticas que, según los fiscales, afectaron significativamente la economía familiar.
