Perú.- El expresidente de Perú, Pedro Castillo, podría ser condenado a más de 31 años de prisión por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su mandato, así lo informó la Fiscalía este miércoles tras solicitar que se le impongan 36 meses de prisión preventiva en tanto se desarrolla la investigación.
Si bien Castillo cumple actualmente una orden de prisión preventiva de 18 meses por intentar dar un “golpe de Estado” en diciembre pasado, el organismo ha solicitado nuevas medidas cautelares, pues el fiscal supremo, Helder Terán, señaló que al ex dirigente político se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
Te puede interesar: Compara AMLO situación actual de Perú con lo que se vivía en México décadas pasadas
Considerando todo lo anterior, el rotativo explicó que la condena total estimada es la suma de 18 años y 4 meses por el primer cargo, 6 años y 8 meses por el segundo y 6 años y 4 meses por el último. Es decir, se proyecta un periodo de más de 31 años de cárcel para Pedro Castillo.
Esta nueva solicitud fiscal se ha hecho porque Castillo Terrones, de 53 años de edad, presuntamente encabezó una organización criminal durante su Gobierno, la cual se dedicaba a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Dicha investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara, el pasado 17 de febrero, el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba por su condición de ex jefe de Estado.
El expediente que podría llevar a Pedro Castillo por más de tres décadas a prisión, responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Sigue más noticias como esta en nuestra sección Internacional
Por lo anterior, la Fiscalía de Perú busca acusar al expresidente por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder. Así como también por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
