Phoenix, Arizona. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Laurence Gray, propietario de la empresa Grips By Larry y ex titular de una licencia federal de armas de fuego, fue acusado formalmente de intentar proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), organizaciones que desde 2025 fueron catalogadas como grupos terroristas extranjeros.
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Acusaciones y antecedentes
El pasado 17 de marzo, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación modificada contra Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para hacerlo.
Gray ya había sido procesado en 2025 junto con Barrett Weinberger, de 73 años, por delitos de tráfico de armas, complicidad en compras fraudulentas y declaraciones falsas durante la adquisición de armamento. La nueva acusación añade pruebas que lo vinculan directamente con el suministro de armas a los cárteles mexicanos.
De acuerdo con la investigación, Gray habría intentado entregar armas al CJNG en mayo de 2025 y conspirado para hacerlo también con el CDS ese mismo año.
Posibles sanciones
Las condenas por conspiración para apoyar a organizaciones terroristas designadas pueden alcanzar 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. Los cargos relacionados con tráfico de armas y complicidad en compras fraudulentas conllevan penas de entre 10 y 15 años de cárcel, además de sanciones económicas similares.
Operación nacional contra el crimen organizado
Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una estrategia del Departamento de Justicia que busca frenar la inmigración ilegal, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de delitos violentos.
La investigación fue realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), mientras que el fiscal federal adjunto Marcus Shand, del Distrito de Arizona, está a cargo del proceso judicial.
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Con esta acusación, las autoridades estadounidenses refuerzan su ofensiva contra los grupos criminales que operan en México y que han sido señalados como una amenaza directa a la seguridad nacional.