Estados Unidos. Washington intensifica su presión sobre Caracas al anunciar nuevas sanciones contra cuatro compañías involucradas en el transporte de crudo venezolano. La medida, emitida por el Departamento del Tesoro, busca limitar la capacidad del Gobierno de Nicolás Maduro de mantener exportaciones de petróleo pese a las restricciones internacionales.
Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones incluyen la designación de cuatro buques como “bienes bloqueados”, lo que implica su inmovilización dentro de la jurisdicción estadounidense. Aunque los navíos no pueden ser confiscados, quedan congelados y fuera de operaciones comerciales sin autorización expresa del Gobierno federal.
Washington sostiene que varios de estos barcos forman parte de la denominada “flota fantasma”, una red marítima que facilitaría la venta de petróleo venezolano mediante maniobras para evadir sanciones. La administración de Donald Trump argumenta que estos ingresos financian directamente al Gobierno de Maduro, a quien califica como un régimen vinculado al narcotráfico.
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Entre las compañías sancionadas se encuentran Corniola Limited, Krape Myrtle (propietaria y operadora del petrolero Nord Star), Winky International (Rosalind o Lunar Tide) y Aries Global Investment, cuyos buques Della y Valiante quedaron también bloqueados. Estas acciones forman parte de un paquete más amplio de sanciones emitidas en diciembre, que incluyeron a familiares cercanos de Maduro y a miembros de su entorno político y financiero.
Paralelamente, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe sur desde mediados de año, en operaciones que, según el Pentágono, han destruido unas 35 embarcaciones y dejado más de un centenar de tripulantes muertos. La Casa Blanca también acusa al chavismo de apropiarse de activos de empresas petroleras estadounidenses, justificando la confiscación de petroleros sancionados en dos ocasiones recientes.
¿Qué busca Washington con esta nueva ronda de sanciones?
El objetivo central, explican las autoridades estadounidenses, es cortar las vías de financiamiento del Gobierno venezolano. Al atacar la infraestructura marítima que transporta el crudo, se busca elevar los costos operativos de Caracas y limitar su capacidad de colocar petróleo en los mercados internacionales, presionando así al régimen desde el punto de vista económico y logístico.
Escalada regional y señales de mayor confrontación
A este panorama se suma el anuncio reciente de Donald Trump sobre un posible ataque a un muelle en la costa venezolana, presuntamente utilizado por la organización criminal Tren de Aragua. De confirmarse, sería el primer bombardeo estadounidense sobre un objetivo en territorio venezolano, lo que podría marcar un nuevo punto crítico en la ya tensa relación bilateral y aumentar la incertidumbre sobre la estabilidad regional.
