Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones dirigidas a frenar las exportaciones energéticas de Irán, al incluir en su lista negra a 29 embarcaciones y a las compañías responsables de su operación. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los buques forman parte de la llamada “flota fantasma”, un entramado marítimo utilizado para transportar crudo iraní mediante esquemas diseñados para evadir las restricciones internacionales.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), explicó que estas naves han sido utilizadas de manera sistemática para ocultar tanto el origen del petróleo como su destino final. Entre las prácticas detectadas se encuentran la manipulación de documentos, transferencias de carga en altamar y el apagado deliberado de los sistemas de identificación automática, lo que dificulta el rastreo por parte de organismos internacionales.
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Las investigaciones también identifican al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr como una pieza relevante en la red sancionada, al estar vinculado directamente con al menos siete de los barcos señalados. Asimismo, Washington puso bajo la lupa a diversas empresas navieras con registros en Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, consideradas clave para el funcionamiento logístico de estas operaciones.
¿Qué busca Washington al sancionar a la llamada flota fantasma de Irán?
La administración estadounidense pretende encarecer y obstaculizar la capacidad de Irán para colocar su petróleo en los mercados internacionales, al cerrar vías de transporte que han permitido al gobierno de Teherán mantener ingresos pese a las sanciones vigentes. Con ello, se busca debilitar las fuentes de financiamiento del Estado iraní y presionar cambios en su comportamiento regional e internacional.
Escalada de presión en un contexto geopolítico tenso
Las nuevas sanciones se sustentan en la Orden Ejecutiva 13902 y en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, instrumentos legales que forman parte de la política de “máxima presión” de Estados Unidos. La decisión se produce además en un momento de fricción diplomática, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que su gobierno incautará petroleros vinculados a Irán que operen en coordinación con Venezuela, una región estratégica en la disputa energética y política global.