Washington.- Estados Unidos busca frenar abusos y asegurar su “parte justa” a las minorías étnicas y raciales, así como a los inmigrantes, afirmó hoy el subprocurador de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Thomas Pérez.
En un foro en el Centro de Leyes de la Universidad Georgetown, Pérez
señaló que su oficina continuará con sus esfuerzos de tomar medidas
contra la discriminación y abusos en los sectores de vivienda, educación
e inmigración.
Sobre inmigración, indicó que niños en Alabama fueron víctimas de
“bullying” o acoso por su origen o apariencia latina tras la aprobación
de la ley antiinmigrante HB56, que buscaba impedir el acceso de
indocumentados a la escuela, lo cual fue frenado en las cortes.
Señaló que la ley federal garantiza que todo estudiante tiene el derecho
a educación pública gratuita sin importar su estatus migratorio, aunque
la HB56 originó que muchos niños latinos abandonaran la escuela.
Manifestó que una reforma migratoria integral que legalice a unos 11
millones de indocumentados no solamente es un “imperativo” por razones
de derechos civiles, sino también por los beneficios económicos y
cuestiones humanitarias.
Pérez citó además casos de odio racial que siguen aconteciendo en el
país, como la muerte a golpes en 2008 en Pensilvania de Luis Ramírez por
su origen mexicano, en el cual incluso la policía trató de encubrir el
crimen.
Indicó, por otro lado, que empleados de organizaciones defensoras de los
inmigrantes recibieron amenazas de muerte de un sujeto que se hacía
llamar “Devilfish”, identificado luego como Vincent Johnson, quien
admitió esos delitos y ahora está en la cárcel.
En casos de discriminación por apariencia de la persona en el programa
287g de cooperación de la policía con agentes de inmigración, el
Departamento de Justicia “no dudó” en tomar acción mediante la
suspensión de esos convenios con las entidades transgresoras, anotó.
El funcionario se refirió también a prestamistas que, con anuncios que
dicen: “Se habla español” , convierten el sueño de una casa propia en
una “pesadilla” para muchos inmigrantes con elevados préstamos para los
cuales no califican.
Ese tipo de abusos también ha afectado tanto a latinos como a
afroestadounidenses que, debido a esas malas prácticas, han visto
arruinado su historial de crédito porque no pudieron cumplir con los
altos pagos, puntualizó.
Pérez sostuvo que los esfuerzos de su oficina incluyen la inclusión de
boletas bilingües de votación para facilitar la participación cívica de
los nuevos ciudadanos, así como la lucha contra leyes que buscan
restringir el derecho al voto mediante requisitos de identificación.IN
