?Madrid.- El Parlamento español autorizó hoy la prolongación del “estado de alarma” hasta el próximo 15 de enero, medida aplicada por el Gobierno para garantizar el tránsito aéreo tras la crisis causada por un plante de los controladores.
La aprobación de la prórroga de esta medida excepcional en la Cámara Alta del Parlamento fue respaldada por los votos del gobernante Partido Socialista, los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV) y Coalición Canaria.
El conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España, se abstuvo, mientras que votaron en contra los partidos de izquierda y otros minoritarios.
El Gobierno defendió hoy la necesidad de prolongar esta medida “para garantizar el libre tránsito” en las próximas fechas navideñas y porque “la simple incertidumbre representa un coste inasumible para el país” y el sector del turismo “ser vería afectado de manera extremadamente grave comprometiendo su propio futuro”.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, explicó que el Ejecutivo decidió aplicar el pasado 4 de diciembre el “estado de alarma” -que permite la movilización de los controladores aéreos bajo control militar- porque “fue la única medida que podía resolver el sabotaje que sufrimos”.
Más de 600 mil personas se vieron afectadas por el abandono masivo de sus puestos de trabajo llevado a cabo en la tarde del 3 de diciembre por los controladores aéreos, lo que causó el cierre del espacio aéreo español al comienzo de un largo “puente” festivo en España.
Según Jáuregui, las medidas adoptadas “son proporcionadas a la gravedad de los hechos” y es preciso prolongarlas “para garantizar el libre tránsito en unas fechas muy especiales” como las vacaciones navideñas ya que hoy no se puede afirmar que el funcionamiento aeroportuario sea el de situaciones de normalidad anteriores.
La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó la abstención de su grupo en que consideran que el Gobierno “ha perdido la capacidad, la autoridad y el tiempo para resolver el conflicto de los controladores dentro de la normalidad constitucional”.
También sostuvo que el Ejecutivo debería contar con informes jurídicos de peso para justificar un estado de excepcionalidad al que se recurrió por primera vez en la etapa democrática.
