?Madrid.- El Gobierno español pidió hoy a Venezuela la extradición del etarra
Arturo Cubillas, deportado a ese país en 1989, reclamado por la Justicia
española como presunto responsable de distintos delitos de terrorismo y
a quien investiga por un supuesto nexo entre ETA y la guerrilla
colombiana.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, informó de que Cubillas es reclamado por distintos
delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez de la Audiencia
Nacional española Eloy Velasco y en la que investiga las relaciones
entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el organismo
oficial Instituto Nacional de Tierras (INTI), es reclamado por el juez,
concretamente, por delitos de conspiración para cometer homicidios
terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda
armada.
El magistrado pidió al Gobierno que iniciara los trámites para la
extradición de Cubillas el pasado día 20, aunque sugirió que antes se
reclamase al Gobierno venezolano que le retirara la nacionalidad al
entender que la Embajada venezolana en España y la fiscal general de
este país expresaron la “voluntad del actual Gobierno venezolano de no
acceder” a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a
nacionales venezolanos.
La revocación de la nacionalidad, que, según el magistrado, Cubillas
adquirió “en fraude de ley”, está contemplada tanto en la Constitución
de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado
con España en 1989, según el cual “los Gobiernos de ambas partes, a
través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca
para facilitar el cumplimiento de este tratado”.
Hoy, el Gobierno ha accedido a la primera de las cuestiones con base en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según el Tratado de Extradición,
pero fuentes consultadas no han aclarado si se ha hecho alguna gestión
con respecto a la sugerencia que Velasco le hizo en su auto, el cual ha
acompañado el Ejecutivo en su solicitud de extradición.
El convenio bilateral fija que “cuando la solicitud de extradición se
refiera a varios hechos” que no estén penados con menos de dos años o
contemplados en una sentencia que establezca una pena de la que resten
menos de seis meses por cumplir, “la parte requerida podrá conceder
también la extradición por estos hechos”.
Asimismo, establece que “también darán lugar a extradición” los delitos
incluidos en tratados multilaterales en los que ambos países sean parte.
Cubillas tiene además otras causas en vigor relativas a las acciones que
se le imputan desde que se integró en el “comando Oker” de ETA en 1984
junto a Idoia López Riaño, alias “Tigresa”, José Ángel Aguirre y Ramón
Zapirain, entre ellos los asesinatos en 1985 de Ángel Facal Soto -al que
ETA consideraba traficante de drogas- y del policía Máximo Antonio
García Kleinler.
En Venezuela, la víspera, el fiscal encargado de investigar el caso citó
a Cubillas para que declare en calidad de testigo el 2 de noviembre
próximo, informó la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
El pasado día 4, el juez de la Audiencia Nacional español Ismael Moreno
dictó un auto judicial en el que afirma que Arturo Cubillas impartió
cursillos de formación en 2008 a los presuntos miembros de ETA Javier
Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti.
Atristain y Besance dijeron al ser detenidos el 29 de septiembre último
que Cubillas había sido su instructor en unos cursillos de formación que
recibieron en 2008 en Venezuela.
