?Madrid.- El gobierno español dio el martes por válidas las explicaciones del
presidente venezolano Hugo Chávez negando cualquier vínculo con el grupo
separatista vasco ETA y dijo que espera cooperación plena por parte de
Venezuela para aclarar los supuestos entrenamientos de etarras en el
país sudamericano.
Chávez enmarcó el lunes las acusaciones en una recurrente campaña
internacional para desprestigiar su gobierno y desmintió la confesión de
dos miembros de ETA, que admitieron haber recibido un curso sobre
manejo de armas en 2008 en Venezuela, según figura en un auto del juez
Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.
”No se puede dar credibilidad a las declaraciones rendidas ante un juez
por dos criminales sanguinarios desprovistos de calidad humana y
moral”, dijo Chávez en una intervención telefónica en la televisión
estatal venezolana.
La vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega descartó
cualquier medida de presión diplomática, como citar al embajador
venezolano en Madrid, y añadió que tras las revelaciones judiciales, se
han puesto en marcha los mecanismos habituales de cooperación policial y
judicial entre España y Venezuela.
”Vamos a cumplir cualquier petición de colaboración, cualquier
actuación que nos pidan los jueces como siempre hemos hecho. No cabe
actuación que esté al margen de la ley”, señaló De la Vega en una
entrevista en la emisora de radio COPE.
El magistrado Moreno señaló que Javier Atristain y Juan Carlos Besance,
detenidos el pasado miércoles en el País Vasco, recibieron un curso en
Venezuela entre julio y agosto de 2008. Los activistas admitieron en sus
respectivas declaraciones ante la policía que aprendieron métodos de
codificación de mensajes, desmontaje y limpieza de armas y posiciones de
tiro.
El responsable del entrenamiento, según el juez, fue Arturo Cubillas,
acusado en otro sumario de ser el intermediario en la supuesta alianza
entre ETA y la guerrilla colombiana de las FARC, bajo el amparo del
presidente Chávez.
Caracas siempre ha negado esta relación, que en marzo provocó un choque diplomático entre los dos países.
Cubillas, considerado el responsable del colectivo de ETA en Venezuela,
ocupó en 2005 un cargo de nivel medio en el gobierno de Chávez.
De la Vega precisó que España no ha solicitado formalmente la
extradición de Cubillas y aseguró que se actuará de acuerdo con ”los
términos de la resolución judicial”.
”Será la justicia venezolana la que tenga que proceder en consecuencia y
tenemos que confiar que será así. Yo tengo que creer firmemente en que
esa colaboración (con Venezuela) se va a producir”, insistió De la
Vega.
Cubillas figura en un polémico escrito judicial del pasado 1 de marzo,
en el cual el magistrado Eloy Velasco abrió una investigación sobre la
posible colaboración del gobierno venezolano con ETA y las FARC.
Según el auto, miembros de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia conspiraron para cometer atentados en Madrid contra el ex
presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su antecesor en el cargo Andrés
Pastrana y compartieron entrenamiento en la selva venezolana con la
connivencia de Caracas.
Velasco imputó a 12 personas -seis activistas etarras y seis de las
FARC- varios delitos de terrorismo y cursó una orden internacional para
su detención, sin que de momento se tengan noticias sobre ningún
arresto.
La mayoría de los sospechosos, entre ellos Cubillas, se encuentran en
Cuba y Venezuela o en paradero desconocido. Si finalmente son
localizados y detenidos, el juez debería solicitar al gobierno español
que iniciara los trámites para su extradición.
Según las autoridades venezolanas, unos 30 vascos llegaron al país en
calidad de refugiados políticos en varias etapas entre 1984 y 1993,
durante los gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi
(198489) y Carlos Andrés Pérez (197479 y 198993).
Desde mediados de la década de 1990, y de manera recurrente, la justicia
española ha imputado a algunos de ellos por delitos que van desde
asesinatos hasta robo y tenencia de armas. No obstante, por falta de
pruebas, Venezuela ha rechazado repetidamente las solicitudes españolas
de extradición.
