San Salvador. La reciente reforma legal en El Salvador ha provocado un fuerte debate internacional al permitir la imposición de cadena perpetua a menores de edad implicados en delitos graves. La medida, respaldada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, establece que jóvenes condenados por homicidio, violación o terrorismo podrían permanecer privados de libertad durante largos periodos antes de que sus casos sean revisados.
Expertos en derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas disposiciones en el desarrollo psicológico y social de los menores. Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que estas reformas representan un retroceso frente a los estándares internacionales que buscan la reintegración social de la niñez y limitan la privación de libertad a situaciones excepcionales.
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La funcionaria subrayó que, bajo el nuevo esquema, muchos adolescentes podrían enfrentar revisiones de su sentencia únicamente después de cumplir al menos 25 años en prisión, lo que, según la ONU, entra en conflicto con la Convención sobre los Derechos del Niño y puede afectar profundamente su bienestar emocional.
¿Qué pidió la ONU al gobierno salvadoreño?
El organismo internacional instó a las autoridades salvadoreñas a revisar de manera urgente estas reformas legales, advirtiendo que vulneran derechos fundamentales de niños y adolescentes y se alejan de los compromisos internacionales asumidos por el país. La petición busca equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos de los menores, enfatizando la necesidad de condiciones carcelarias adecuadas y de medidas orientadas a la reinserción social.
Reacciones y contexto de la reforma
La aprobación de estas medidas se da en el marco de la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado y las pandillas, un problema que ha marcado la agenda de seguridad de El Salvador en los últimos años. Sin embargo, incluir a menores de edad en esquemas de castigo extremo ha abierto un intenso debate sobre hasta qué punto la protección de la sociedad puede justificar la restricción de los derechos fundamentales de los niños.
Expertos en derecho y derechos humanos coinciden en que si bien la seguridad es una prioridad, la justicia juvenil debería enfocarse en la rehabilitación más que en la retribución, para garantizar que los menores tengan oportunidades reales de reintegrarse a la sociedad en el futuro.
