El Salvador. El sistema de justicia de El Salvador inició un proceso penal de gran magnitud contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, incluidos miembros fundadores y figuras de su cúpula. Se trata del primer juicio de estas dimensiones dirigido directamente contra la estructura de mando de una organización criminal que durante décadas ejerció control territorial en el país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, los acusados son señalados por más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los cargos destacan alrededor de 29,000 homicidios, además de otros hechos violentos atribuidos a la estructura criminal. Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo de 2022, cuando se habría ordenado el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana, lo que detonó una respuesta estatal sin precedentes.
Ese contexto derivó en la implementación del estado de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, una estrategia que ha resultado en más de 91,000 detenciones. Según el gobierno, tanto la MS-13 como su rival, el Barrio 18, llegaron a controlar hasta el 80% del territorio nacional en distintos momentos, lo que representaba una amenaza directa al orden institucional.
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El proceso judicial no se limita a delitos individuales, sino que busca establecer la responsabilidad estructural de la organización. Las autoridades sostienen que la pandilla operaba bajo una jerarquía capaz de ordenar crímenes de forma sistemática, por lo que también enfrentan cargos por rebelión, al intentar consolidar lo que describen como un “estado paralelo”.
Las audiencias se desarrollan bajo un formato inusual de “audiencia única abierta”, donde cientos de imputados participan de manera virtual. De los 486 señalados, 413 están presentes en el proceso y 73 permanecen prófugos, aunque serán juzgados en ausencia. Más de 250 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, considerada una de las prisiones más estrictas del país.
El origen de estas estructuras criminales se remonta a Los Ángeles en la década de 1990, desde donde se expandieron hacia Centroamérica. Durante más de tres décadas, estas pandillas consolidaron redes dedicadas a la extorsión, el narcomenudeo, el sicariato y el tráfico de armas, dejando un saldo estimado por autoridades de alrededor de 200,000 muertes, incluyendo desapariciones.
A pesar del respaldo que la política de seguridad del gobierno ha recibido en amplios sectores de la población, el proceso también ha generado críticas de organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal, que advierten posibles afectaciones al debido proceso, además de denuncias sobre detenciones arbitrarias y muertes en prisión.
¿Qué busca demostrar este juicio masivo?
El objetivo central del proceso es demostrar que la violencia atribuida a la MS-13 no fue producto de hechos aislados, sino de decisiones estructuradas desde su cúpula. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para solicitar las penas máximas, como parte de un intento por cerrar un ciclo de impunidad en el país.
Un juicio que redefine la estrategia contra el crimen organizado
El proceso representa un punto de inflexión en la política de seguridad salvadoreña, al llevar ante la justicia a presuntos líderes de alto nivel de la estructura criminal. Con ello, el Estado busca desmantelar no solo a los ejecutores de la violencia, sino a quienes habrían diseñado y sostenido el funcionamiento de la organización durante años, estableciendo un precedente en la región.
