?Santiago de Chile.- Unos 22 millones de dólares fue el costo de la operación de rescate
de los 33 mineros atrapados desde el pasado 5 de agosto en el yacimiento
San José, en el norte de Chile, según cifras que proporciona este
miércoles el diario La Tercera.
Gran parte de la operación de rescate afectó millonarios contratos de
servicios y abastecimiento entre las empresas proveedoras y las grandes
compañías mineras, según la investigación de este rotativo.
Esta cifra, sin embargo, no incluye el mantenimiento del campamento
“Esperanza”, donde en los últimos días, entre periodistas y familiares,
ha congregado a cerca de 3 mil personas.
El rescate de los mineros atrapados a 700 metros de profundidad avanzaba
este miércoles sin contratiempos y puede terminar hoy mismo, según el
presidente chileno, Sebastián Piñera.
Según el diario, el nivel de gasto en el rescate de los 33 mineros
superaría las deudas de la minera San Esteban, la compañía propietaria
del yacimiento San José, que ascienden a unos 19 millones de dólares.
La estatal Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora de cobre
del mundo, ha desembolsado para esta operación unos 15 millones de
dólares, lo que representa el 75% del monto total del rescate.
Estos recursos se usaron para financiar el arriendo de vehículos y
maquinaria, la construcción de obras civiles y la implementación de los
equipos tecnológicos y de comunicaciones, así como para pagar a los
operarios que intervinieron en el proceso de rescate.
Unos de los primeros problemas que hubo que sortear tras el accidente
fue la ausencia de una red de comunicaciones en la zona del yacimiento.
Ante ello, la división El Salvador de la empresa Codelco extendió
contratos con las empresas de telecomunicaciones para que instalaran dos
antenas en la zona que hicieran posible la telefonía móvil y la
conexión a Internet.
Según el diario La Tercera, las mineras privadas Collahuasi, Escondida y
Anglo American, entre otras, también financiaron equipos y dispusieron
de expertos para rescate, con una aportación total de cinco millones de
dólares.
Uno de los mayores costes que asumieron las empresas privadas fue el uso
de la perforadora SchraamT-130, la máquina que logró llegar hasta los
630 metros de profundidad y cuya operación diaria costaba alrededor de
18 mil dólares.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció hoy que
el Gobierno hará todo lo posible por recuperar los recursos invertidos
en el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José.
“No sé si va a haber los recursos necesarios para pagar todo lo que se
ha gastado, pero todo lo que tengamos que hacer para recuperar en arcas
fiscales lo que hemos gastado, lo vamos a hacer”, aseguró.
“De acuerdo a la legislación, nosotros ya iniciamos en el Consejo de
Defensa del Estado acciones contra los activos y accionistas de la
mina”, indicó el ministro.
Tras confirmarse que todos los mineros estaban vivos, Alejandro Bohn y
Marcelo Kemeny, propietarios de la compañía Minera San Esteban, dueña
del yacimiento San José, no regresaron al “campamento Esperanza”.
Tampoco se han comunicado en fechas recientes con el ministro de
Minería, Laurence Golborne, y la última vez que llegaron a la zona fue
el 11 de octubre, para asistir a una audiencia en la localidad norteña
de Caldera donde se les procesó por un derrumbe ocurrido el pasado 3 de
julio que causó la amputación de una pierna al obrero Gino Cortés.
La semana pasada volvieron a Copiapó, para gestionar un préstamo de 180
millones de pesos (unos 371.000 dólares) que la Empresa Nacional de
Minería efectuó a Minera San Esteban para que pagara los sueldos de
septiembre de unos 300 trabajadores que quedaron sin trabajo tras el
derrumbe.
Por otro lado, los familiares de 26 de los 33 mineros accidentados
presentaron una querella por lesiones en contra de los dueños del
yacimiento por 4 mil 900 millones de pesos (unos diez millones de
dólares) y contra los funcionarios estatales por prevaricación.
Ya el pasado 26 de agosto, la Justicia chilena ordenó retener 900
millones de pesos (1.7 millones de dólares) a la empresa minera San
Esteban, que correspondería a pagos que la Empresa Nacional de Minería
(Enami) debía cancelar a la mencionada empresa.
