El próximo miércoles Roussef podría dejar de ser presidenta de Brasil

Ciudad de México.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrenta la que podría ser
su última semana en el cargo, amenazada de perder el poder a partir del
próximo miércoles, si el plenario del Senado aprueba abrir un juicio
político en su contra.
 Iniciado en diciembre, el proceso de juicio político se acerca a su
fecha clave en el Senado, tras lograr el 17 de abril el respaldo de más
de dos tercios de la Cámara Baja.
Con toda probabilidad, una comisión especial de 21 senadores votará
el viernes a favor de enviar al plenario del Senado la votación sobre la
apertura del ?impeachment?, donde se necesita una mayoría simple de 81
parlamentares para iniciar el juicio político y, de esta forma, apartar a
Rousseff por 180 días de la presidencia.
Las encuestas de los principales diarios brasileños, así como
analistas independientes y políticos de la oposición y del propio
Partido de los Trabajadores (PT) dan por hecho que Rousseff será
apartada, al menos durante el tiempo en que es juzgada por el Senado.
?Hoy hay un proceso de impeachment contra el cual lucho y lucharé en
todas las instancias y con todos los instrumentos posibles, porque tengo
la tranquilidad de no haber cometido crimen de responsabilidad?, dijo
este miércoles la presidenta, en una referencia a que tratará de
recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) para salvar su mandato. 
El discurso de que hay un ?golpe? orquestado por la oposición, por el
presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y por el vicepresidente de
Brasil, Michel Temer, para lograr el poder sin pasar por las urnas no
ha sensibilizado a un Legislativo en el que Rousseff carece de apoyo
desde que fue reelecta en 2014.
La decreciente popularidad de Rousseff ?cercana al 10 por ciento-,
las seis manifestaciones nacionales contra ella desde su reelección y
los escándalos de corrupción que amenazan a sus más estrechos
colaboradores, entre ellos el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva,
han servido de viento de cola para que la presidenta perdiera apoyos en
todos los frentes y el proceso contra ella avanzara con rapidez.
El pedido de ?impeachment? que podría costarle el cargo tiene, sin
embargo, poco que ver con todo ello: la presidenta está acusada de
incumplir la ley en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015, un
crimen de responsabilidad punible con su destitución, según la
Constitución brasileña, pero que tiene un profundo trasfondo político.
No pesan contra ella cargos por corrupción, a pesar de que ella
dirigió el consejo de administración de la estatal Petrobras durante
buen parte de los escándalos revelados por la Operación Lava Jato.
Pero la víspera el fiscal general pidió autorización al Supremo para
investigarla por intento de obstrucción a las investigaciones de la
Operación Lava Jato cuando nombró a Lula ministro de la Casa Civil.
Una maniobra que tuvo el supuesto objetivo de otorgarle fuero
privilegiado, según el fiscal, aunque Rousseff y su Gobierno lo negaron.
Si Rousseff es apartada del poder la próxima semana, el
vicepresidente Michel Temer, del centrista Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), aliado del PT, asumirá la jefatura del
Estado.
Calificado por la prensa como ?futuro presidente? o ?presidente a la
espera?, este abogado constitucionalista de 75 años se mantuvo durante
semanas apartado de los focos, pero ahora ya evoca públicamente cuáles
serán sus prioridades si asume el poder hasta 2018 y trabaja desde hace
semanas en la composición de su eventual gobierno.
Temer y sus colaboradores quieren la reactivación de una economía en
recesión, la contención del aumento de la deuda y la creación de una
base parlamentaria para tratar de aprobar reformas estructurales.OO