Perú.- Este miércoles Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, compareció ante la Fiscalía de dicho país por las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Sin embargo, medios locales argumentan que la mandataria se negó a responder muchas de las preguntas realizadas por la dependencia.
Según El Comercio, el interrogatorio a Dina Boluarte fue corto pero tenso, ya que la presidenta se mostró evasiva a los cuestionamientos y negó su relación con las muertes ocurridas durante las protestas, mismas que explotaron desde que ella asumió el cargo como sucesora del destituido Pedro Castillo.
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El defensor de Boluarte, Joseph Campos, resaltó para la prensa que “nunca existió una relación directa” de la presidenta “con los hechos”, como ya había señalado en junio pasado, pues agregó:
Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración (de junio) se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando (el tema) por respeto precisamente a las víctimas, que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seguridad y objetividad.
El abogado señaló que “la evaluación de una responsabilidad jurídica de la presidenta es absurda”, pero dijo que a pesar de esta posición acudieron al interrogatorio porque son “respetuosos” de las decisiones del Ministerio Público.
Joseph Campos informó que ya no van a dar nuevas declaraciones en esta investigación y enfatizó que se debe esperar a que se resuelva el pedido que ha presentado para que la gobernante sea excluida de estas pericias preliminares. Agregó:
Es un pedido que está pendiente de resolverse y esperemos que al fin del plazo la excluyan (…) jurídicamente no tiene ningún asidero esta situación, pero somos respetuosos.
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Finalmente, cabe recordar que Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía como parte de la investigación preliminar que ha abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones.
