Cuba. El gobierno de Cuba condenó la más reciente ronda de sanciones impuesta por Estados Unidos contra diez entidades vinculadas al Estado, al considerar que las medidas buscan aumentar la presión económica sobre la isla y afectar directamente a la población. Entre los organismos sancionados figura el Ministerio de Turismo, uno de los sectores estratégicos para la obtención de divisas del país.
La respuesta de La Habana fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien a través de redes sociales calificó las acciones de Washington como parte de una política “criminal y genocida”. El funcionario sostuvo que el endurecimiento de las restricciones representa una nueva escalada en la estrategia estadounidense, la cual, afirmó, deteriora las condiciones de vida de los ciudadanos y limita las principales fuentes de ingresos nacionales.
Estados Unidos amplía su lista de sanciones
El Departamento de Estado explicó que estas restricciones forman parte de la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump para frenar lo que considera las actividades del gobierno cubano dentro y fuera de la isla. Además del Ministerio de Turismo, fueron incorporadas a la lista Enetec S.A., dedicada al comercio de combustibles; Coreydan S.A., señalada por importar combustible subsidiado desde México; Gecomex, especializada en comercio exterior, y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
Las sanciones también alcanzan a organizaciones como las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y las Brigadas de Respuesta Rápida. Según Washington, estas medidas buscan presionar por cambios políticos en la nación caribeña.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para enfrentar lo que considera amenazas del gobierno cubano a la seguridad nacional, además de impulsar transformaciones económicas y políticas en la isla.
Esta nueva ofensiva se suma a la anunciada apenas dos semanas antes, cuando fueron sancionadas cinco empresas estatales relacionadas con el conglomerado militar Gaesa, entre ellas Rafin, el Banco Financiero Internacional, Almacenes Universales y la siderúrgica José Martí. Asimismo, fueron incluidas GeoMinera y Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro.
¿Qué consecuencias podrían generar estas nuevas sanciones para Cuba?
Las medidas forman parte de una estrategia más amplia iniciada en mayo, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva que contempla sanciones contra personas y empresas que proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico al gobierno cubano o participen en sectores considerados estratégicos, como energía, minería, defensa y finanzas. Además, la disposición restringe el ingreso a Estados Unidos de extranjeros vinculados con entidades oficiales cubanas o señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El endurecimiento de las sanciones ocurre mientras Cuba atraviesa una severa crisis energética que se mantiene desde mediados de 2024. La escasez de combustible y los problemas en el suministro eléctrico han provocado apagones superiores a 20 horas diarias en La Habana y de hasta 72 horas continuas en otras regiones del país. Las autoridades cubanas sostienen que las restricciones estadounidenses han agravado esta situación, en un contexto de crisis económica que ya se prolonga por seis años.
