Washington.- Legisladores republicanos cuestionaron hoy la decisión del liderazgo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de otorgar licencia con goce de sueldo a un alto funcionario implicado en la operación de trasiego ilegal de armas a México “Rápido y Furioso”.
El senador Charles Grassley y el representante Darrell Issa denunciaron que el funcionario Bill McMahon recibió
la licencia mientras fue contratado simultáneamente por una empresa
privada de servicios financieros con un salario anual de más de 100 mil
dólares.
“Dado el gran papel de McMahon en el escándalo de ?Rápido y Furioso’, la
decisión de aprobar el permiso extendido a fin de lograr elegibilidad
de una pensión (…) genera preguntas sobre la conveniencia del arreglo y
sobre el juicio del liderazgo de ATF”, señalaron en una misiva.
La carta de Grassley e Issa, quienes encabezas la investigación sobre
“Rápido y Furioso” en la Cámara de Representantes, fue enviada al
director en funciones de la ATF, Todd Jones.
McMahon, subdirector general adjunto de la ATF, supervisó la oficina de
la ATF en el suroeste de Estados Unidos durante la aplicación de “Rápido
y Furioso”, que permitió el ingreso ilegal de más de dos mil armas a
México.
Fue uno de los cinco altos funcionarios de la ATF responsabilizados
parcialmente por el fiasco de “Rápido y Furioso”, en un primer informe
de dos mil 359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana
del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Desde el inicio de la pesquisa, los cinco funcionarios han sido
reasignados dentro de las filas de la ATF, la cual experimentó a su vez
una transformación interna a raíz de “Rápido y Furioso”.
La investigación de los republicanos es el primero de tres reportes que
serán entregados por el Comité de Supervisión, en momentos que aun se
aguarda la divulgación del informe especial que elabora el Inspector
General del Departamento de Justicia.
Aunque Eric Holder declaró que el reporte oficial será dado a conocer
este año, no existe un plazo ni una fecha tentativa de su conclusión.
Tanto el liderazgo demócrata del Senado como la Casa Blanca han
denunciado la investigación de los republicanos como un intento de
anotarse puntos políticos en un año electoral, en lugar de reforzar la
legislación que ayude a frenar el tráfico de armas a México.
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